Francisco González Cruz
El 5 de julio de 1811, el Primer Congreso Nacional de Venezuela, reunido en la capilla de Santa Rosa de Lima de Caracas, declaró: “Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas son, y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, Estados libres, soberanos e independientes”. Cinco meses después, el mismo Congreso estableció la Constitución Federal para los Estados de Venezuela. La vigente, aprobada el 15 de diciembre de 1999, dice en su artículo 1°: “La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”.
Hoy, 5 de julio de 2026, la nación venezolana no goza ni de la libertad, ni de la soberanía, ni de la independencia establecidas en aquella primigenia Constitución hace 215 años, ni en las 25 que ha tenido, incluyendo esta última, violada en todas sus letras.
Por otra parte, ayer, 4 de julio, en los Estados Unidos de América celebraban los 250 años de su declaración de independencia, que dice textualmente: “Sostenemos como evidencias estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho de reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno…”.
El mismo país cuya Constitución se inspira en eso, impone al nuestro una especie de protectorado que le niega la libertad y la soberanía. Allí se lee: “cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho de reformarla o abolirla”. Y en la de Venezuela se establece algo muy parecido en su Artículo 350: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
El pueblo venezolano, que anhela libertad, democracia y Estado de Derecho, enfrenta hoy una tragedia potenciada por la incapacidad institucional del régimen ante los terremotos de junio. Las torpes respuestas oficiales, con la militarización impuesta y la evidente obstrucción de la ayuda humanitaria, frente a la respuesta masiva y solidaria del pueblo venezolano, evidencian un Estado colapsado; confirmando que la soberanía proclamada en 1811 ha sido reemplazada por una profunda dependencia, lo que exige una reconstrucción basada en la legitimidad, la honestidad y la competencia técnica.
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Es la hora de ejercer la soberanía popular.
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