Caracas, 14 oct (EFE).- Un total de 181 funcionarios, entre policías y militares, han sido detenidos en Venezuela, en lo que va de año, acusados de violar derechos humanos, informó este viernes el fiscal general del país, Tarek William Saab.
«Este Ministerio Público (MP) está decidido, como en efecto lo ha demostrado, en actuar con todo el peso de la ley y creo que las estadísticas en estos temas, las cifras con expedientes (…) hablan por sí solas», señaló Saab en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El fiscal resaltó que en 2022 han sido imputados 533 funcionarios, duplicando la cifra con respecto al año pasado, cuando fueron 233 los agentes del Estado inculpados.
Asimismo, dijo que este año han logrado condenas contra 64 funcionarios y 19 civiles «colaboradores», con lo que la cifra de sentenciados por violación de derechos humanos, desde 2017 hasta la fecha, asciende a 358.
«Son cifras incuestionables que revelan un trabajo, diligencias, investigación, que expresan de manera contundente que mucho de los informes que aparecen cíclicamente, de tiempo en tiempo por algunos organismos, que no vale la pena mencionar, parecieran ser parte del expediente conocido como lawfare (guerra judicial)», añadió.
Saab afirmó que se está utilizando el tema de los derechos humanos para hacerle «un expediente al país con cosas totalmente falsas».
«Se dice que hay inacción y no es verdad (…) El Estado venezolano ha dado ejemplo a escala regional. Somos referentes en el hemisferio sobre cómo castigar a funcionarios que no se encargan de cumplir la ley», apostilló.
Pese a todo, reafirmó su voluntad de mantener un «diálogo genuino y constructivo» con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El pasado 7 de octubre, la ONU acordó extender por dos años más el trabajo de la Misión Internacional Independiente de los Hechos, que investiga y documenta violaciones de derechos humanos, a pesar de que el Gobierno de Venezuela intentó impedir la aprobación de esta decisión por considerarla una injerencia en sus asuntos internos.
La resolución incidió en que la nación caribeña ha desoído la mayor parte de las recomendaciones que le ha hecho esta misión en los tres informes que ha elaborado hasta el momento.
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