Por: Redacción El Nacional
Desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, Venezuela está siendo testigo de una represión cada vez más intensa contra la disidencia. El gobierno de Nicolás Maduro está apuntando cada vez más a académicos, periodistas y defensores de los derechos humanos, quienes a través de los años han sido el bastión que ha ayudado a mantener en la escena internacional la crisis política y social que atraviesa el país. Las detenciones arbitrarias de figuras prominentes como Rocío San Miguel, Javier Tarazona y, más recientemente, de Carlos Correa, seguidas de sus desapariciones forzadas, buscan quebrantar el tejido social de la nación al minar desconfianza en la ciudadanía hacia aquellos espacios que tienen alta credibilidad.
Los expertos sostienen que el gobierno venezolano ha dejado de centrarse en sectores específicos de la sociedad, como los líderes de la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González, para lanzar una campaña más amplia de intimidación contra cualquiera que desafíe su autoridad. Al detener y acosar a los defensores de los derechos humanos y académicos, el régimen pretende socavar la confianza en las organizaciones de la sociedad civil e infundir miedo en la población.
El gobierno ha lanzado una campaña más amplia de intimidación contra cualquiera que desafíe su autoridad| Foto Archivo
Se amplía el perfil de los detenidos por motivos políticos
La administración de Nicolás Maduro, que en estos momentos se encuentra en una grave crisis de legitimidad por no mostrar resultados que avalen su supuesta victoria en las elecciones presidenciales del año pasado, está ampliando su alcance más allá de los oponentes políticos para incluir a académicos, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Si bien tras los comicios más de 2.000 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas poselectorales, muchas de ellas sin estar relacionadas con actividad política, con el tiempo el Estado ha pasado de estas detenciones masivas a arrestos más selectivos.
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Detenciones recientes como las del periodista y director de la ONG Espacio Público, liberado días después de ser sometido a desaparición forzada, envían un mensaje de alerta a las organizaciones por los derechos humanos que aún permanecen trabajando en Venezuela y gracias a las cuales se ha visibilizado los delitos de Estado que se han cometido en el país en los últimos 20 años.
El director de la ONG Provea, Óscar Murillo, explicó que este tipo de casos busca minar la desconfianza en la ciudadanía hacia aquellos espacios que tienen alta credibilidad, como lo son los defensores de derechos humanos y académicos.
“La idea es desacreditar a este sector, a sus representantes, y quebrantar de alguna manera el tejido social que ya es débil en Venezuela. Esto al final, como objetivo supremo, busca infundir terror en la sociedad”, indicó en declaraciones para El Nacional.
Ante la ausencia de instituciones públicas independientes del Estado y de otros espacios que ofrezcan protección a los ciudadanos, las ONG se han convertido en un espacio importante para la sociedad venezolana. Además, estás organizaciones son las que se han dado a la tarea de documentar y evidenciar datos, sucesos y acontecimientos relevantes en el país, algo que desde hace años no se hace desde el gobierno, convirtiéndose en una especie de amenaza para el Ejecutivo oficialista.
“El movimiento por los derechos humanos ha sido responsable por la apertura en Venezuela de la Misión de determinación de hechos, el regreso de la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la investigación abierta ante la Corte Penal Internacional, entre otras. Esto afecta la imagen del gobierno, que en algún momento quiso jugar ante la visión de la comunidad internacional como un Estado que coopera con las organizaciones de derechos humanos y todo eso se derrumbó a medida que se acercaban las elecciones”, explicó Murillo.
Detenciones masivas después del 28 de julio demostraron el poder represivo del régimen | Foto agencias
Para el abogado especialista en Derecho Penal y Administrativo, Juan González Taguaruco, quien representa a Rocío San Miguel, el perfil de los detenidos por el gobierno de Maduro no ha cambiado. La persecución contra defensores de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil se da siempre que hay escenarios de gran importancia en el país, como lo fueron las protestas de 2014 y 2017, la crisis presidencial de 2019 y más recientemente las elecciones presidenciales.
“Es una conducta que ha sido persistente y parece ser que no son más que detenidos de oportunidad. No creo que el patrón de detención reciente se enfoque en defensores de los derechos humanos. Cualquiera que participe de alguna manera en actividades muy notorias que incomodan al gobierno pueden ser objeto de detención”, manifestó a El Nacional.
En opinión de González, la diferencia de dichas detenciones con las ocurridas después del 28 de julio, es que las que se llevaron a cabo en el contexto poselectoral fueron totalmente indiscriminadas, incluso contra menores de edad, personas con discapacidad y pacientes crónicos, con el objetivo de inhibir las protestas que se registraron en rechazo a la proclamación de Nicolás Maduro como presidente en medio de denuncias de fraude electoral.
Esta situación, que Murillo describe como una gran redada, fue una muestra de reafirmación del poder que tiene el oficialismo en el país, algo que generó frustración, preocupación y un sentimiento de contención frente al descontento social.
En este, con el que coincide González, el abogado agregó que el Estado demostró que tiene la logística para realizar encarcelaciones masivas y someter a los detenidos a procesos judiciales irregulares. Destacó la complejidad de realizar audiencia con hasta 40 personas, que en su mayoría fueron desprovistas de la debida defensa, lo que supone una clara violación a los derechos humanos.
“Es el uso desmesurado del poder público y las instituciones para infundir terror en la población”, puntualizó Murillo.
Terrorismo de Estado en Venezuela
Para Provea, el proceso de criminalización y desprestigio hacia las ONG se ha intensificado tras la detención de Rocío San Miguel y en medio del contexto político actual: el gobierno perdió gran apoyo popular y los resultados electorales son altamente cuestionados.
“Ellos van usando estas tácticas de represión para crear narrativas alternas hacia temas que no tienen ningún tipo de fundamento y generar una distracción”, señaló Murillo.
La escalada represiva contra la sociedad en general pre y post 28 de julio y en las semanas después del 10 de enero, entra en la definición de lo que la Comisión Internacional de derechos humanos llama terrorismo de Estado. Esto se define como el uso de todas las instituciones, que naturalmente según la Constitución deben proteger a los ciudadanos, para crear una violencia de Estado.
Este terrorismo de Estado se esta aplicando también a través de leyes como la Ley de Fiscalización y Control de las ONG o la Ley Simón Bolívar. Es todo un cuadro represivo, cuyo patrón es la persecución política, en medio de una crisis de legitimidad que hoy día enfrenta el gobierno nacional, indicó Provea.
Parte de los activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y políticos detenidos en Venezuela| Foto Amnistía Internacional
Un elemento al que recurren para generar desconfianza en la población, desacreditar, estigmatizar la labor de los defensores de derechos humanos es el tema del financiamiento, algo que, explicó Murillo, es completamente válido en todos los países porque se trata de fondos absolutamente legítimos, que pasan por diferentes auditorias.
“Las nuevas leyes lo que buscan es ir cerrando de manera definitiva el espacio cívico porque las ONG han ocupado un rol importante en la sociedad venezolana, después del atropello de muchos sectores”, destacó.
Este tipo de legislaciones, sumada a la decisión de Nicolás Maduro de mantenerse en el poder mediante la represión y sin transparencia electoral, no sólo deja a Venezuela con una grave crisis de derechos humanos, sino que pisa el acelerador hacia un modelo similar al nicaragüense, en el que el Ejecutivo ya no disimula ser un sistema de cooperación internacional y da señales de querer dominar todos los ámbitos de la vida pública y privada de los venezolanos.
“El gobierno ha creado una sensación de inseguridad colectiva, una atmósfera que usó para llegar al 10 de enero y que se espera que siga utilizando para mantenerse en el poder”, agregó el director de Provea.
Sistema de justicia como herramienta de persecución
Lo que está en marcha en Venezuela, desde meses antes del 28 de julio, y de una manera agudizada y agravada luego de las elecciones, y que persiste, es el uso del sistema de justicia venezolano como una herramienta de persecución, alertó Óscar Murillo.
González Taguaruco explicó que aunque pareciera que el poder judicial fue cooptado desde hace pocos años, la justicia venezolana dejó de ser independiente desde la emergencia judicial del año 1999. Fue en ese periodo en el que una comisión designó a dedo a personas que abiertamente eran seguidores del chavismo y que siempre tuvieron por norte el ejercicio judicial sin ningún tipo de garantías o independencia.
“Parece que se tuvo muy claro desde el principio la importancia de comprar el poder judicial. Desde ese momento y a lo largo de los años han ido trabajando en acaparar todo el sistema de justicia para poder realizar los procesos a sus conveniencias. Se convirtió en un apéndice del Ejecutivo nacional, donde pareciera que la regla es recibir instrucciones sobre lo que se debe hacer”, indicó el abogado.
Al sistema de justicia venezolano se le atribuye un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado| Foto Archivo
La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó en sus informes que existe complicidad por parte del sistema de justicia para perseguir, criminalizar y anular a las voces disidentes al gobierno de Nicolás Maduro. Esto forma parte de una política sistemática cuyo objetivo es mantenerse en el poder.
Además, la Misión también destacó que los crímenes internacionales ocurridos en Venezuela tienen una cuota de responsabilidad muy grande del Poder Judicial por acción y omisión y le atribuye un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado. Esta es una de las principales razones por la que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene un caso abierto en el país por crímenes de lesa humanidad.
“No hay un poder judicial que defienda los intereses de los venezolanos y se han dedicado a generar apariencias de legalidad cuando de verdad no la tienen”, destacó González Taguaruco, quien a pesar de haber sido designado por Rocío San Miguel como su defensor, el tribunal aún no ha permitido su designación.
Además de San Miguel, directora de la ONG Control ciudadano, Provea señala que más de 10 defensores contra los derechos humanos se mantienen tras las rejas en Venezuela, entre ellos, Javier Tarazona, de Fundaredes; Carlos Julio Rojas, miembro de la asociación de vecinos Frente Norte de Caracas; Kennedy Tejeda, defensor y voluntario de Foro Penal en Carabobo; Nélida Sánchez, coordinadora de formación de Súmate, entre otros.
Al menos 10 periodistas y trabajadores de la prensa también continúan ilegal y arbitrariamente detenidos, de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que sigue exigiendo su inmediata liberación. A ellos se le suman un gran número de dirigentes políticos y activistas que permanecen en prisión sin derecho un debido proceso.
