Carolina Jaimes Branger
El magnífico artículo de Soledad Morillo Belloso, El pecado del silencio, nos obliga a mirar más allá de las imágenes del desastre. No basta con llorar a las víctimas ni con contabilizar edificios derrumbados. Hay que preguntarse por qué cayeron.
Un terremoto es una tragedia natural. Que un edificio se desplome puede no serlo (al menos la mayoría de las veces, diría yo).
Si las investigaciones demuestran que hubo estructuras mal calculadas, materiales de inferior calidad, modificaciones ilegales, inspecciones complacientes o permisos obtenidos mediante corrupción, entonces la responsabilidad dejará de ser geológica para convertirse en humana.
Durante años, demasiados venezolanos aprendimos a convivir con una palabra terrible: “coima”. Se pagaba para obtener permisos, para acelerar trámites, para cerrar los ojos frente a irregularidades. En la construcción, esa corrupción no producía únicamente sobreprecios: podía costar vidas.
Cada cabilla que se dejó de colocar, cada saco de cemento sustituido por materiales de menor calidad, cada plano alterado, cada inspección firmada sin verificaciones reales, cada funcionario que convirtió su sello en mercancía, fue una apuesta contra la vida de familias enteras.
Es verdad, como señala Soledad, que el silencio también tiene víctimas. Pero hay una responsabilidad aún más profunda: la de quienes participaron, por acción o por omisión, en un sistema que convirtió la corrupción en método de construcción.
No hablo de condenas colectivas. Sería tan injusto como irresponsable. Venezuela cuenta con extraordinarios ingenieros, arquitectos, calculistas e inspectores que ejercieron y ejercen su profesión con una ética ejemplar. Precisamente por respeto a ellos, es indispensable separar a los profesionales íntegros de quienes, si las investigaciones así lo establecen, utilizaron sus conocimientos para avalar irregularidades o aceptaron mirar hacia otro lado.
La justicia no puede detenerse en los contratistas. Debe recorrer toda la cadena de responsabilidades. Quien diseñó, quien calculó, quien construyó, quien supervisó, quien inspeccionó, quien aprobó y quien cobró para aprobar. Nadie debería quedar al margen si incumplió deliberadamente el deber de proteger vidas humanas. La casa de mis padres fue construida en 1968. Nosotros vivíamos al lado, en la casa de mis abuelos. Presenciamos todo el proceso de construcción. El ingeniero encargado de la obra era el querido Alejandro Loynaz. Venía todos los días. Y recuerdo también que, al menos un par de veces porque yo los vi, se presentaron los inspectores del MOP (Ministerio de Obras Públicas) a revisar la obra. Yo hoy vivo en esa casa, 59 años después, y no sufrió ni un rasguño.
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Porque una firma no es tinta sobre un papel. Es una garantía de seguridad. Un sello oficial no es un trámite administrativo. Es un compromiso con la vida de quienes habitarán ese edificio durante décadas.
Las familias que hoy lloran a sus muertos merecen algo más que condolencias. Merecen la verdad. Merecen saber si esas muertes pudieron evitarse. Y, si hubo corrupción, negligencia grave o fraude, merecen que los responsables respondan ante la justicia con todo el peso de la ley.
La reconstrucción de Venezuela no comenzará cuando se levanten nuevos edificios. Comenzará cuando entendamos que ningún profesional, ningún empresario y ningún funcionario puede enriquecerse poniendo en riesgo la vida de otros sin afrontar las consecuencias.
La tierra ya hizo su juicio.
Ahora le corresponde a la justicia hacer el suyo. ¿Lo hará?
@cjaimesb
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