La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, oficializó el nombramiento de Julio León Heredia como nuevo presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en sustitución de Antonio “Potro” Álvarez, quien se mantuvo al frente de la institución durante ocho años, tras su designación inicial en el año 2016.
El nombramiento se realizó a través del decreto N° 5.324 firmado por Rodríguez, en el que también se designó a Edgar Alejandro Melo Rodríguez como presidente de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC).
Mientras que Juan Carlos Amarante León fue nombrado como Superintendente Nacional de Actividades Hípicas (Sunahip).
Con estos cambios, el Ejecutivo busca renovar el control administrativo sobre las actividades hípicas y de azar, áreas que han estado bajo escrutinio público en las últimas semanas.
Presunto esquema de extorsión a empresas de lotería
La salida de Álvarez se produce en un contexto de controversia, luego de que recientemente fuera blanco de señalamientos por presuntas extorsiones millonarias contra operadores de loterías en el país. Durante su gestión, que comenzó bajo el decreto N° 2.186 de enero de 2016, Álvarez también ejerció funciones como Superintendente Nacional de Actividades Hípicas.
El periodista César Batiz, director de El Pitazo, recogió testimonios y documentos que señalan que varias empresas de loterías habrían sido obligadas a pagar grandes sumas de dinero para poder continuar operando en el país.
La supuesta condición era pagar para seguir en el negocio o enfrentar la cárcel.
El pago debía realizarse entre octubre y diciembre de 2024.
El reportaje también indica que varias empresas, pese a contar con licencias vigentes y cumplir con sus obligaciones fiscales, habrían vendido bienes para cubrir las exigencias.
Esta compañía, vinculada a Ángel Félix Pino Márquez, habría funcionado como un filtro para controlar el acceso al negocio de apuestas y concentrar los pagos exigidos.
Batiz aseguró haber revisado comprobantes de transferencias, incluyendo operaciones en criptomonedas, que respaldarían este mecanismo.
En enero de 2025, los empresarios habrían recibido la exigencia de un pago mensual de 1 millón de dólares, que luego habría aumentado a 2 millones.
De acuerdo con el reportaje, quienes se negaron a continuar pagando enfrentaron acciones judiciales.
Se documentan detenciones de empresarios y programadores vinculados a plataformas de lotería, algunos acusados de delitos como terrorismo, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
La investigación además menciona la posible participación de funcionarios policiales, fiscales y jueces. Según una fuente citada, esto sugiere la existencia de una estructura más amplia.
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