Eduardo Viloria/DLA.- El concejal Héctor Díaz dijo en la mañana de este viernes que observan con preocupación como padres de familia, que ameritan gasolina para diligencias de los quehaceres diarios, de sus trabajo o trasladar familiares o vecinos hasta los centros asistenciales, para recibir el respectivo tratamiento medico, se les niega la venta del preciado carburante, mientras que se observan listas producidas desde el despacho del alcalde, de vehículos que presuntamente laboran para las dependencias del gobierno municipal, que tienen preferencia en las estaciones de servicio.
Es insólito este caso, añadió Héctor Díaz, quien dijo que presuntamente hay una lista de 120 vehículos que tienen cupo en las estaciones de servicio de esta localidad, eje panamericano, que expenden a esos carros el carburante, lo que nos lleva a pensar que existe una grosera comercialización con la gasolina amparada por algunos funcionarios que se prestan para este oscuro negocio.
Debe haber una investigación
Dijo Héctor Díaz, que debe haber una investigación de parte de la Zodi y la Guardia Nacional, o a quien competa este problema, para que se abra una investigación, más que todo a los 120 vehículos que aparecen como beneficiarios, coordinados por el despacho ejecutivo de la Alcaldía.
Mientras esto está sucediendo, en fecha reciente la Cámara Municipal envió una lista de 7 personas que forman parte del equipo legislativo municipal que tienen vehículos y motos, entre los cuales están dos concejales, sin embargo aun no se ha recibido respuesta, por el contrario, ha sido denigrante el trato que les dieron a funcionaros de menor rango, lo cual se puede calificar de inaceptable, por parte de los militares que están en las estaciones de servicio.
Todo esto sucede, repitió Héctor Díaz, mientras el alcalde tiene un cupo especial, que presumimos es para la comercialización del preciado carburante, pues la Alcaldía no tiene ese número de vehículos – 120 carros- con gasolina a su disposición, precisó el declarante al despedirse y solicitar a las autoridades investiguen la denuncia del Concejo.