Parte III
La llegada de una Junta Revolucionaria de gobierno integrada por los militares Marcos Pérez Jiménez y Carlos Delgado Chalbaud, mientras que por los civiles se encontraba Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Gonzalo Barrios, todos vinculados al partido Acción Democrática. Esta insurgencia fue producto de una guerra a cuchillo que se había desatado en el anterior gobierno de Medina Angarita entre lopecistas y medinistas por la hegemonía del poder andino. La oferta de la insurgencia cívico-militar era preparar las elecciones libres, directas y secretas para la población, fueron tres años de tormenta política para la Junta Revolucionaria y quienes sortearon varios intentos de golpes de Estado, pues se había reagrupado tres importantes sectores en un grupo llamado “Uribante”, exclusivamente tachirense-medinista, allí se encontraban viejos caudillos de Juan Vicente Gómez, los allegados y fieles a López Contreras y quienes habían conformado el reciente gobierno caído de Medina Angarita. Este grupo era encabezado por el Dr. Miguel Moreno, Simón Becerra, Rafael Pinzón, Raúl Soulez Baldó y Altuve Carrillo; desde allí comienzan a cuestionar fuertemente a la Junta de Gobierno y ha Rómulo Betancourt ya que según ellos, estaba violando la Constitución Nacional y exigía respeto ante la ausencia del presidente caído y argumentaban, legalmente, que el puesto de presidente, lo debería ocupar el Dr. Antonio Pulido Villafañe, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto trajo un impasse con Rómulo Betancourt, a tal punto, que el Dr. Pulido sale de Miraflores detenido y directo al calabozo.
Otro descontento que se empezó a generar fue por el Decreto de Educación 321 impulsado por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, allí se eliminaban las notas acumulativas de evaluación y privilegiando el examen final, pero no toman en cuenta la educación privada cuya dirección era católica y ligados al partido recién creado Social Cristiano COPEI, esto provocó que la iglesia católica abriera un debate político en el país, haciendo que el gobierno reculara y modificara el decreto, emitiendo el 344 donde elimina los exámenes finales, pero enredando más el tema educativo, porque ahora quien sale a la protesta es el gremio de los educadores. La modificación del decreto 344 tiene el apoyo de los partidos Acción Democrática (AD) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) pero dos partidos lo rechazan de plano, el partido COPEI y URD, quienes logran tomar opinión en primera plana y la calle para protestar, lo que generaba un descontento popular y en aumento.
Por el sector militar se empieza a vislumbrar sonadas fuertes como los regimientos de caballería “Ambrosio Plaza”, la guarnición de Valencia, la de la Victoria Estado Aragua, se alzan los viejos caudillos gomecistas de Jajó, Tuñame y la zona baja a cargo de Francisco (Chico) Peña, pero los mismos, son controlados por las fuerzas aliadas al gobierno. La inestabilidad política continúa y se va profundizando ante la actitud sectaria y excluyente de Acción Democrática por los juicios de responsabilidad civil y administrativa que alcanzaba a los funcionarios de Medina Angarita y la casta militar que había estado involucrada en hechos de corrupción y desviación del erario público nacional. La hegemonía y el atropello adecco con sus milicias generó un enfrentamiento con el sector militar, la cual podría desembocar en cualquier momento en una salida de fuerza, militares que venían de ser parte de un acuerdo civil estaban a punto de romperse por el comportamiento déspota de un partido que no entendía la conciliación y el diálogo de dos sectores importantes de la sociedad, el empresario y el castrense.
El juicio a los militares de Medina Angarita, al exmiembro del gabinete Dr. Arturo Uslar Pietri, la invasión de las fincas de los militares medinistas, la organización de una fuerza de choque, paralela, llamada milicianos y la reforma educativa donde la tendencia era más materialista y se despojaba a la estructura religiosa de cualquier enseñanza en todos los niveles (algo parecido con la actual realidad, es pura coincidencia). Era el alimento diario para ir creando condiciones de descontento en una población totalmente analfabeta y esa actuación de Betancourt era calificada de que seguía siendo marxista y como tal, así actuaba y queda evidenciada en la junta que se constituye para los juicios de responsabilidad Civil y Administrativa conformada por Fernando Peñalver, Francisco Gutiérrez, José Ramírez, Pbro. José Ignacio Olivares, Eduardo Gallego Mancera, quien sustituyó a Salvador de la Plaza, quien renunció, ambos del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Antonio Sotillo Arreaza y Luis Hurtado Higuera; mayoría absoluta y hegemonía de Acción Democrática, y se les llamó Tribunal Revolucionario de Excepción, cuyo único fin, era producir sentencia condenatoria por encima de las normativas vigentes legales, algo así como un “tribunal de inquisición” muy al estilo de los bolcheviques rusos; la idea era juzgar con la brevedad posible a López Contreras, Isaías Medina Angarita, Arturo Uslar Pietri, Ángel Biaggini y más de ciento veinte personas de los distintos gobiernos que se habían paseado por Miraflores después de la muerte de Juan Vicente Gómez. Esta serie de atropellos jurídicos obligó la renuncia del Procurador General de la República, Dr. Rafael Caldera.
Otro elemento de descontento con la Junta Revolucionaria de gobierno fue la rebaja de los salarios de todos los funcionarios públicos e incluyendo la eliminación de los aguinaldos y cuyo decreto abarcó hasta la empresa privada, el enfrentamiento con los medios de comunicación social cuyos espacios de notas y titulares catalogaban al gobierno de sectario y excluyente. Aunado a esto, algunos presidentes dictadores militares como Leonidas Trujillo (Chapita), de República Dominicana, Anastasio (Tacho) Somoza de Nicaragua y Francisco Franco de España se volvían enemigos acérrimos de Betancourt y financiaban la caída de Rómulo.
El 17 de noviembre de 1945 la Junta Revolucionaria de gobierno promulga el decreto 52 y se nombra una comisión encabezada por Andrés Eloy Blanco para preparar la convocatoria para nombrar la Asamblea Nacional Constituyente y redactar un Estatuto Electoral y preparar un proyecto de Constitución, este Estatuto fue promulgado el 15 de marzo de 1946 donde se concede, por primera vez en la historia republicana, el voto directo y secreto, mayor de dieciocho años, sin distingo de sexo e instrucción y se declara elegible a los mayores de veintiún años y se consagra la representación de las minorías y se constituye el Consejo Supremo Electoral integrado por todos los partidos políticos legalizados en el país.
El primero de junio de 1946 se abre la campaña electoral para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y culminó el 27 de octubre con el proceso electoral, arrojando los siguientes resultados: Acción Democrática obtuvo 1.099.000 votos y lograron 137 diputados; el partido COPEI 185.000 para 19 diputados; URD sumó 59.000 y obtuvieron dos curules y el PCV 50.000 para dos diputados y se instaló la Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1946 quedando electo como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente el Dr. poeta André Eloy Blanco.
Continúa.
