Caracas, 10 jun (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este martes que el exconcejal opositor Jesús Armas cumple seis meses de detención «aislado e incomunicado» en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
«Jesús Armas, activista social, exconcejal de Caracas y director de Monitor Ciudad, cumple hoy seis meses, 182 días, detenido, sin acceso a abogado de confianza, sin visitas familiares, aislado e incomunicado en El Helicoide», señaló la organización en una publicación en X.
Sostuvo que son seis meses en los que los padres de Armas no han podido verlo.
«También son 182 días de tortura psicológica, de dolor y de indiferencia por parte de un sistema que, en vez de proteger a los ciudadanos, encarcela a un defensor de derechos humanos y profesor universitario, mientras encubre a responsables de crímenes de lesa humanidad», añadió.
Entretanto, Sairam Rivas, pareja de Armas, señaló, en un video publicado en X, que en estos seis meses no ha podido visitar al exconcejal tras ser detenido, dijo, de «forma arbitraria».
«Hoy está en aislamiento prolongado, lleva medio año incomunicado, sin visitas, sin defensa privada, sin acceso adecuado a su salud, aislado como una forma sistemática de tortura para él y para nosotros como familia», insistió.
Varias ONG, gobiernos extranjeros y partidos opositores se han sumado a la exigencia de liberación de Armas, luego de que la Policía lo sacara «de forma abrupta» de un café en una zona de Caracas, según personas que presenciaron la detención, y lo ingresara «por la fuerza en una camioneta», según denunció Rivas en diciembre pasado.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 927 personas que considera como «presos políticos», la mayoría detenidos tras las presidenciales de julio de 2024, cuando se desató una crisis luego de la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora, que considera que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó esta contienda y no Nicolás Maduro, como proclamó el ente electoral.
El Gobierno de Venezuela asegura que en el país no hay presos políticos, sino personas que fueron detenidas -sostienen- porque cometieron delitos.
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