Asunción, 10 dic (EFE).- Una ley promulgada por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, que pretende controlar la financiación y las actividades de ONG nacionales y extranjeras constituye una «amenaza» a la libertad de asociación y participación, denunció este lunes un documento difundido por una organización de derechos humanos, que también alertó sobre una supuesta concentración del poder en el Ejecutivo.
En su informe anual, difundido con motivo del 76 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) destacó como un tema central «la resistencia de las organizaciones de la sociedad civil frente al avance autoritario» por la promulgación en noviembre pasado de la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, promovida por el oficialismo.
El secretario general de Codehupy, Dante Leguizamón, afirmó en la presentación del informe que la ley «amenaza la libertad de expresión, de asociación y de participación» y que busca «destruir pilares fundamentales de la democracia» .
«El Gobierno no quiere el control ni transparencia, quiere quedarse solo, no quiere voces disidentes, no quiere informes ni investigaciones que demuestran su inoperancia y su vinculación con el crimen organizado, no quiere voces campesinas, de indígenas ni de mujeres ni de personas trans exigiendo sus derechos», denunció.
Esta ley regirá para las ONG que «reciban o administren fondos públicos o privados nacionales, fondos privados internacionales y/o fondos públicos provenientes directamente de otros Estados».
El documento señaló que el Gobierno de Paraguay supuestamente intenta estignatizar y criminalizar a las organizaciones sociales y alertó de una «ofensiva» hacia las agrupaciones que promueven derechos de la mujer y de la comunidad LGBT para generar discriminación y violencia en su contra.
Por su parte, la directora académica del informe anual, Clemen Bareiro, dijo que Paraguay «está marcado por la concentración del poder en la élite gobernante» y mencionó algunos hechos que a juicio de Codehupy «debilitaron la democracia» y mostraron la posición «autoritaria» del gobernante Partido Colorado.
Entre ellos, la destitución en febrero pasado de la exsenadora de oposición Kattya González con votos del oficialismo y sus aliados, «el cierre de espacios» de debate a la sociedad civil para analizar políticas públicas, o la sanción «exprés» de leyes en el Congreso Nacional.
El informe también aborda la deforestación, la sequía y los incendios forestales que afectaron especialmente al Chaco paraguayo (oeste), a sus comunidades indígenas y a la biodiversidad.
La organización expuso que, entre 2023 y 2024, Paraguay perdió aproximadamente 3.000 hectáreas de bosques y que cada dos días se deforestan 75 hectáreas de bosque nativo.
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Asimismo, mostró su preocupación por la violencia contra la mujer al haberse registrado en lo que va del 2024 34 casos de feminicidio y 46 tentativas de ese delito.
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