El gobierno interino de Venezuela anunció, la noche de este viernes 30 de enero de 2026, el cierre del temido centro de detención conocido como El Helicoide. La medida llega tras el anuncio de una ley de amnistía general.
«En el marco del relanzamiento de la Misión Guardianes de la Patria, que contempla el programa de atención socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto«, afirmó desde un acto en el Tribunal Supremo de Justicia.
El 6 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el complejo, históricamente señalado como un lugar de torturas y detenciones políticas, estaría siendo clausurado por la administración liderada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Trump aseguró en un acto público en Washington que el centro, descrito por él como una “cámara de tortura en medio de Caracas”, estaría siendo cerrado después del operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
El Helicoide, centro de torturas
El Helicoide, un edificio icónico de Caracas que funcionó como sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y centro de detenciones arbitrarias, ha estado en el centro de denuncias internacionales por torturas y violaciones de derechos humanos documentadas por organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, que lo han descrito como un lugar de graves abusos contra presos políticos.
Organizaciones de derechos humanos como Justicia, Encuentro y Perdón, Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Un Mundo Sin Mordaza, Realidad Helicoide, y Justicia y Proceso Venezuela, han emitido a principios de enero un comunicado conjunto – suscrito por otras 50 organizaciones- en el que reafirman que el primer paso hacia una verdadera redemocratización en Venezuela debe ser la liberación plena e inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, y hacen un llamado para que este tipo de procesos se realicen de manera transparente, no discrecional y sin convertirse en un mercadeo político.
