Caracas, 7 sep (EFE).- La defensora del pueblo de Venezuela, Eglée González Lobato, se comprometió este lunes a continuar la revisión de casos de presos políticos, cuyos familiares protestaron frente a la sede de la institución, en Caracas, para exigir respuestas y un acompañamiento en su lucha para lograr la liberación de esas personas.
González Lobato dijo a la prensa que la Defensoría del Pueblo tiene un equipo de seguimiento que recibirá a «todos los familiares» y revisará los casos que presenten, así como las actuaciones que se han hecho, debido a que para «muchos» de ellos se necesita una articulación interinstitucional.
«Después de la revisión que hagamos hoy, vamos a hacer unas declaraciones a la brevedad posible», aseguró.
Los familiares comenzaron una agenda de cuatro protestas esta semana llamada ‘Ruta de las respuestas pendientes’ que incluye visitas a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y a Miraflores, sede del Ejecutivo, y que finalizará el domingo con manifestaciones en plazas convocadas dentro y fuera del país.
Según la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos, aún hay 328 detenidos en el país, pese al proceso de excarcelaciones que comenzó en enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ese mes, que ha permitido que cientos de personas, entre ellos también extranjeros, salieran de las cárceles.
«Ni uno ni dos, que sean todos», coreaban los manifestantes frente a la Defensoría del Pueblo, a la que exigieron atención individual, además de visitas e inspección a los centros de reclusión.
La activista Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, dijo a EFE que posteriormente se reunieron con la defensora del pueblo y que la funcionaria se comprometió con la revisión de casos con «patologías graves de salud, penas cumplidas y retardo procesal».
«Esperamos que haya una respuesta, que haya un acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo. (…) También estamos esperando la presencia de la Cruz Roja Internacional en (la cárcel) el Rodeo I, (…) es necesario que ellos asistan y que hagan públicas todas las necesidades que ellos han visto en los diferentes centros de reclusión», afirmó antes a la prensa.
El coordinador del equipo jurídico de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo a EFE que, además de liberaciones, los familiares exigen el cese de «los maltratos a los presos».
Por otra parte, aseguró que se ha logrado hoy «avanzar en una coordinación» con funcionarios de la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo para garantizar que el próximo viernes los familiares puedan ir al palacio presidencial, un lugar custodiado y donde se prohíben protestas antigubernamentales.
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Ese día se prevé que el grupo, convocado por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), entregue una comunicación dirigida a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y a su Gobierno.
«Ojalá se respete el derecho a la manifestación pacífica», agregó Alvarado.
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