La defensa de Franqui Francisco Flores de Freitas sometió a consideración del juez Paul Crotty un memorándum en el que solicita que al convicto por narcotráfico se le imponga una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión, motivado a que la naturaleza del crimen y la historia personal del acusado no lo hacen merecedor de una condena superior.
La solicitud de los abogados de Flores de Freitas difiere de la presentada por los defensores de Efraín Antonio Campo Flores, que no establece pena mínima sino que solicita que el acusado no merece cadena perpetua ni una larga condena, tal cual lo ha solicitado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que es la parte acusadora en este caso.
El memorándum de los abogados está acompañado por varias cartas de familiares y amigos en las que piden indulgencia al juez Crotty, entre las que se destacan las enviadas por Jessika Contreras, su ex novia; la de su hijo de 9 años de edad; la de su hermana Yaxelli Tahina Flores de Freitas; la de sus tías Amelia Flores y Hermes Flores; la de Numidia Rocío Flores y Arturo Nusbel Madera Flores, primos, y las de sus amigos Laura Betancourt, Gladys López, Gilberto López, Gary Solórzano, Henri Sandoval y Taina Carranza.
En el caso de Efraín Antonio Campo Flores no hay solicitudes de benevolencia de la primera dama Cilia Flores ni de su esposo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La defensa de Flores de Freitas condensó en 14 páginas el historial del acusado, en el que sostiene que en su caso individual obliga al tribunal a imponer una sentencia no mayor al término mínimo obligatorio de 10 años requerido bajo el título 21 del Código de los Estados Unidos.
Dijo la defensa que cualquier cantidad adicional de encarcelamiento sería mayor de lo necesario para cumplir los propósitos de la sentencia en este caso.
Flores de Freitas fue hallado culpable por un jurado de conspirar para importar, fabricar y distribuir cinco o más kilos de cocaína que tenían a Estados Unidos como destino final.
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La defensa señala que la naturaleza y las circunstancias del crimen justifican una condena mucho más baja que la solicitada por el gobierno de no menos de 30 años.
