Isaías Márquez
Parece que el tema de los DDHH en Venezuela se convirtió durante el régimen actual, en un caso folclórico y hasta impreciso por lo paradójico y cada vez más vulnerable del cumplimiento y acato a las disposiciones constitucionales e internacionales sobre el particular. Pues, un informe del ACNUDH, junio 2018, al referirse a las “violaciones y abusos contra los Derechos Humanos en el contexto de las protestas entre 1/4-31/7/2017, que publicó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en agosto 2017 donde analiza, en particular, diversos asuntos sobre la responsabilidad y rendición de cuentas, así como acerca del acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en caso de violaciones graves a los derechos humanos, cuyo contenido documenta las violaciones a estos que perpetraron las autoridades estatales durante agosto 2017, además del uso tan desproporcionado de la fuerza pública en operaciones de seguridad sin relación con las protestas; la práctica reiterada de detenciones arbitrarias, la tortura, los malos tratos y la vulneración de los derechos al disfrute de la salud y una alimentación adecuadas, además de otros desafueros a los derechos humanos cometidos durante las manifestaciones, todo lo cual conforma un sistema amplio de represión contra el disenso político y/o cualesquiera personas que, a juicio de las autoridades cuestione al Gobierno o se estime represente una amenaza potencial para este.
Ocurrió tras muerte del C/C Acosta Arévalo (21/6/2017), cuando a la comisión ONU de la diplomática Michelle Bachellet no le permitieron visitar a detenidos en la Dgcim, tampoco por aquella época, se permitió que el ACNUDH tuviese acceso a Venezuela por lo que la información se acopió desde afuera, gracias a las ONGs de derechos humanos.
Una comisión de la ONU ha documentado fehacientemente, por enésima vez, casos de tortura y transgresión a los derechos humanos en Venezuela (V informe); tal es el caso del estudiante (UCV) Johan Álvarez, además de la intensificación y/o asedio de espacios cívicos y democráticos, a lo que el régimen tilda inescrupulosamente, de injerencia EEUU.
Y, Es así de la manera tan cínica cómo el fiscal general de la República admite ante la ONU, baja en un 40 por ciento de la violación a los derechos humanos en Venezuela, cuando debería referirse con toda propiedad a la garantía absoluta y veraz de estos, sin medias tintas.