(Mérida).- El 6 de abril de 2021 salieron en libertad los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Juan Bautista Cordero Freites y Fredy Bladimir Rodríguez, ambos implicados en la ejecución extrajudicial de Wuilderman Paredes Moreno, perpetrada el 8 de junio de 2019. Dos primos de la víctima, Luis y Gerardo Paredes, también fueron agredidos con armas de fuego en el mismo hecho.
Juan Bautista Cordero Freites era el jefe de la PNB del estado Mérida cuando ocurrieron los hechos y fue quien dio la orden de disparar contra Wuilderman, Luis y Gerardo Paredes, quienes se encontraban en una cola de gasolina en Tabay, municipio Santos Marquina, que sumaba más de una semana. Fredy Bladimir Rodríguez, por su parte, fue identificado por Gerardo Paredes como su agresor directo, quien le causó heridas de extrema gravedad que le dejaron secuelas de por vida que le impiden volver a ejercer su trabajo: la mecánica de maquinaria pesada.
Otros cuatro policías fueron detenidos por su implicación en los hechos: Daniel Antonio Vivas Albornoz, Junior Enrique Valero Ortega, Erica del Carmen Peña Sánchez y Luis Gerardo Vargas, este último autor material del asesinato de Wuilderman Paredes. Todos, menos Vargas, fueron absueltos de cargos y recibieron una sentencia de libertad plena el 22 de octubre de 2020, en la audiencia final del primer juicio.
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Apelación rechazada e inacción para recapturar a agresores
La sentencia del juez del Tribunal Penal de Juicio N° 05 del estado Mérida, José Gerardo Pérez Rodríguez, fue rechazada por la fiscal nacional designada para el caso, María Ginette Córdova, quien interpuso un recurso de apelación. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, tras revisar el caso para verificar si se había cumplido o no con lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), declaró inadmisible el recurso de apelación.
El 23 de marzo de 2021 el mismo Tribunal que dictó libertad plena a los cinco policías, emitió las boletas de excarcelación de Juan Bautista Cordero Freites y Fredy Bladimir Rodríguez, quienes salieron en libertad 14 días después. Posteriormente, la defensa del único policía condenado, Luis Vargas, interpuso un recurso de apelación y la Corte de Apelaciones repuso el caso a un nuevo juicio, emitiéndose órdenes de captura contra los funcionarios que habían sido liberados.
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Sin embargo, tras llamar a los cinco policías absueltos a presentarse nuevamente ante el Tribunal, Juan Cordero, el jefe de la PNB que ordenó el ataque, nunca lo hizo. Fredy Rodríguez sí se presentó ante el Tribunal, pero se retiró cuando supo que sobre él pesaba una orden de captura. Desde entonces, ambos se encuentran prófugos de la justicia, sin que el Estado haga esfuerzos por encontrarlos.
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Ausencia de reparación y promoción de impunidad por parte del Estado
El equipo legal del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), que representa a las víctimas directas y víctimas por extensión de este caso, ha denunciando antes instancias internacionales las distintas irregularidades cometidas por el sistema de justicia, tanto en el debido proceso como en la necesidad de erradicar la impunidad y castigar a la cadena de mando que ordenó la agresión contra los primos Paredes.
Las víctimas no solo continúan esperando justicia a casi seis años de la ejecución extrajudicial de Wuilderman Paredes y los homicidios frustrados de Luis y Gerardo Paredes. Tampoco han recibido reparación por los daños causados, que afectan incluso a una menor de edad: la hija del fallecido. En lugar de justicia y reparación, Luis y Gerardo Paredes han recibido amenazas e intimidaciones por parte de funcionarios que buscan que ellos dejen de exigir justicia.
Recientemente, el medio de comunicación venezolano Runrunes publicó una investigación que identifica patrones en el retardo procesal de casos de ejecuciones judiciales cometidas en el marco de las protestas sociales contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2014, 2015, 2017 y 2019.
«Más allá del retardo procesal generalizado en el país, este especial muestra una estrategia de dilación que se vale del cambio de fiscales, obstrucción de la información sobre los presuntos implicados, construcción de expedientes débiles, diferimientos constantes de audiencias y ausencia de investigación sobre las cadenas de mando, sin contar los maltratos, coacciones y amenazas a las que son sometidos los familiares de los asesinados», resume la Investigación periodística.
El ODH-ULA ha registrado las mismas irregularidades en el caso de los primos Paredes y en todas las ejecuciones extrajudiciales que ha conocido su equipo legal. Por esto, mantiene su exigencia al Estado venezolano de combatir la impunidad y poner fin a los abusos de los cuerpos de seguridad del país.
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