Una comisión para exigir la reapertura del paso por los puentes internacionales entre Venezuela y Colombia llamada “Alianza fronteriza” fue creada este jueves por representantes del sector transporte, comercio, aduanero y educativo, que hacen vida en los municipios fronterizos del estado Táchira con el Departamento Norte de Santander.
El director de Asuntos Fronterizos de Fedecámaras Táchira, Vladimir Tovar, indicó que con la clausura de los puentes se canceló en su totalidad la interacción comercial entre ambas naciones, lo que ha afectado en el sector aduanero a más de 6 empleados directos e indirectos, que involucran desde el caletero, choferes, asistentes de choferes, hasta los profesionales de las agencias de aduanas y almacenadoras.
“El sector aduanero ha estado comprendido por no menos de 200 empresas donde está transporte de carga internacional, almacenadoras, agencias de aduanas y en este momento por el cierre de los puentes está desasistido, tiene pérdidas incuantificables, y todos los trabajadores están desempleados porque no tienen la oportunidad del ejercicio de sus actividades”, expresó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Transporte de Carga Pesada en el estado Táchira, Jorge Casanova, precisó que hay 150 puestos de trabajo en riesgo, por cuanto quedó totalmente clausurada la posibilidad de continuar con el intercambio comercial que había sobre los puentes de 8 a 12 de la noche.
“Existe una totalidad del cierre comercial entre Colombia y Venezuela, los pocos transportistas que se estaban dedicando a esta actividad quedaron en cero, unos 150 trabajos directos se pierden, estoy hablando de camiones 750, gandolas que se encargaban de hacer el poco comercio binacional”, explicó.
La ONU en la frontera
Un llamado a la alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michel Bachelet para que incluya en las visitas de la comisión especial a la frontera, hizo este jueves el diputado jubilado a la Asamblea Nacional y coordinador de la comisión “Alianza fronteriza”, Walter Márquez, quien no entiende cómo en este primer informe se dejó por fuera el daño social que enfrentan los habitantes fronterizos al tener que pasar por una trocha para adquirir alimentos, medicinas, estudiar y hacerse tratamientos.
“El cierre del paso legal se convirtió en crimen de exterminio por la privación al acceso de alimentos y medicinas. Igualmente está presente el crimen de persecución contra una colectividad como es la fronteriza… Exigimos que esa comisión venga a la frontera para que verifique lo que está pasando”, manifestó.