La Fundación El Amparo fue notificada por la sección para la participación y reparación de las víctimas (SPVR) de la Secretaría de la Corte Penal Internacional (CPI), sobre la recepción de 94 formularios, que suman 869 víctimas de crímenes de lesa humanidad ocurridas en Venezuela por diferentes delitos, en el marco de la consulta de la Sala de Cuestiones Preliminares Número 1 para continuar con la investigación contra el Estado venezolano.
La información la dio a conocer el presidente de la Fundación El Amparo y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, quien precisó que más de diez años de trabajo de investigación, de revisión documental y de información fueron presentados ante la Corte Penal Internacional, siendo aceptados los más emblemáticos ante la falta de justicia nacional.
“Incluso recientemente la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional nos pidió opinión y remitimos casos que no habían sido incluidos en la consulta de la Sala de Asuntos Preliminares. Es un reconocimiento a un trabajo en equipo de la fundación El Amparo y el reconocimiento a los defensores de los derechos humanos”, expresó Márquez.
Detalló el defensor de derechos humanos que cuenta con pruebas de estos casos y un material que fue levantado por un equipo de periodistas, de exfuncionarios policiales, de instructores policiales, arquitectos, psicólogos clínicos entre otros.
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Los casos
Walter Márquez indicó que entre los casos registrados están: la violación de los derechos electorales de los diputados indígenas de Amazonas en el 2015, las protestas populares de los años 2014 y 2017 en el estado Táchira; el intento de ingreso de la ayuda humanitaria en el 2019; el cierre de frontera y las deportaciones forzosas 2015; asesinatos de casos emblemáticos como el del empresario de la localidad de Rubio, Carlos Manuel Tarazona; el caso de colombianos vinculados a un supuesto magnicidio contra el Presidente de la República quienes luego fueron deportados a Colombia por una solicitud humanitaria de Michelle Bachelette; persecución a diputados jubilados de la Asamblea Nacional cometiéndose el crimen de exterminio por falta de alimentos y medicinas; las agresiones a periodistas en medio de su ejercicio profesional; los sucesos del Alto Apure a partir de marzo de 2021; la persecución contra los petroleros en el año 2002; casos de tortura; y los más recientes casos de la destrucción de restaurantes en el Hospital Central de San Cristóbal ocurridos en enero de 2023, la destrucción del restaurante del Terminal de Pasajeros ocurrido en noviembre de 2022, y demás acoso a comerciantes de los que sería responsable la Alcaldía de San Cristóbal.
Indicó el presidente de la Fundación El Amparo que la Sala de Apelaciones convocó recientemente para una audiencia pública los días 6 y 7 de noviembre en La Haya para que presenten sus alegatos tanto el gobierno de Venezuela; el fiscal ante la CPI, Karim Khan, y los representantes de las víctimas, lo que a su juicio significa que “se están acelerando los tiempos en la Corte Penal Internacional, y pronto se debe pasar de la investigación al enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, acotó.
