Una denuncia ante la Defensoría del Pueblo en San Cristóbal, introdujo este jueves la fracción de “Copei oposición” en el estado Táchira, exigiendo sean investigados los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles 23 de enero, después de culminada la marcha de la oposición hacia el centro de la capital tachirense, en donde fueron asesinados por grupos civiles armados y presuntos funcionarios de las Fuerzas Armadas Especiales –FAES- de la Policía Nacional Bolivariana –PNB-, dos jóvenes, y al menos otros 20 resultaron heridos de bala.
El vocero de la tolda verde, Álvaro Peña, acompañado de Walter Chacón, Javier Tarazona, Gerardo Rincón, Jackson Carrillo, Pedro Chacón, entre otros, manifestó que decidieron acudir a este organismo porque debe defender al pueblo sin miramientos políticos, ni ningún tipo de partidismo.
“Trajimos el documento con fotos inclusive de funcionarios policiales que actuaron el 23 de enero con armas de guerra en sus manos, de hecho a uno de los funcionarios lo acusan diversos factores de haber sido el culpable de uno de los homicidios, cosa que por supuesto no nos consta, por eso le solicitamos a la Defensoría del Pueblo y a quien la coordina, que en uso de sus atribuciones y de su deber se encarguen de la investigación y de la denuncia a estos criminales, a quienes le deben al Táchira dos muertos y más de veinte heridos de bala”, expresó.
Peña entiende que la Defensoría del Pueblo está colapsada de malos ejercicios gubernamentales durante 20 años, pero aún así consideraron que era un deber denunciar el evento violento, porque temen que continúen ocurriendo ese tipo de situaciones.
Advirtió que para la marcha del sábado tendrán a un grupo de personas vigilando el actuar de organismos de seguridad y de grupos civiles irregulares, para dar repuestas debidas y oportunas. “Grupos armados escondidos detrás de una franela y respaldados evidentemente por la fuerza pública. Si tu vez lo que significa que un policía con arma de guerra, ande con unos tipos con la cara tapada, eso indica una clara colaboración del factor policial con los grupos paramilitares que están en la calle dañando a la gente y asesinando a jóvenes como lo hicieron ese día”, añadió.
Álvaro Peña precisó que por ello se ven obligados a denunciar estos crímenes ante las autoridades del momento, porque aunque no procedan durante el ejercicio de gobierno actual, si procederán en medio del gobierno interino de Juan Guaidó, y los culpables pagarán de acuerdo a lo establecido en la ley todos sus delitos.
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