La Confederación Sordos de Venezuela y la
, ofrecieron un balance acerca de la situación de las Personas con Discapacidad (PcD) en el país durante este año 2018, arrojando como resultado la falta de políticas públicas que impulsen el desarrollo y bienestar para este grupo de personas, así como la constante vulneración de los Derechos Humanos por parte del Estado venezolano al no cumplir con Acuerdos y Convenios Internacionales en esta materia, ni con el mandato de la Carta Magna.
Consorven en su afán de poder ayudar, aportar soluciones y defender los derechos de las PcD, hizo una investigación a través de guías de observación y encuestas realizadas a venezolanos, Personas con Discapacidad de distintas edades y género, en las áreas de salud, educación, justicia, accesibilidad y alimentación, donde se evidenció el incumplimiento de lo establecido en la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en varios de sus artículos, siendo los más vulnerados el 9, 12, 13, 24 y 25, donde se consagran los derechos que tienen este grupo de personas a acceder oportuna e independientemente a la justicia, a servicios de salud, a la educación y al uso y disfrute de la accesibilidad.
El 71% de las personas encuestadas, perciben como insuficiente la formación de los funcionarios en materia de discapacidad, así como el seguimiento debido para cada caso en el que se involucren a PcD.
También manifestaron que el 100% de las instalaciones en las que se administra justicia, no se permite el acceso de animales -en el caso de perros lazarillos- para acompañar a las Personas con Discapacidad Visual; el 92% no cuenta de manera permanente de interpretes de Lengua de Señas Venezolana, ni documentos en Braille; así como la escasa señalización para este grupo de personas y espacios para atención preferencial.
La investigación también arrojó que el 50% de las instituciones educativas visitadas, contaban con material pedagógico adaptadas para las personas con discapacidad, y el 31.25% de las escuelas públicas no cuentan con interpretes de señas. Igualmente acerca de un 40% de estas instituciones, presenta fallas de guías para estudiantes con discapacidad visual, y no cuenta con docentes preparados para atender a la comunidad en edad escolar con algún tipo de discapacidad. Estos centros, en su mayoría, no tienen rampas y escaleras con barandillas, ni instalaciones sanitarias adecuadas para las personas con movilidad reducida.
En cuanto al área de salud, 61.11% de los centros asistenciales visitados, cuenta con servicios de habilitación y rehabilitación para PcD. La mitad de los entrevistados, manifestaron que solo “a veces” se les garantiza la accesibilidad, y un tercio, que “nunca” se les garantiza accesibilidad. Casi un 60% señaló que no cuentan con el alcance oportuno a los medicamentos necesarios para su control. La mitad de las Personas con Discapacidad entrevistadas, consideraron que “nunca” tienen acceso eficaz y oportuno a los alimentos para tener una dieta adecuada.
En tal sentido, consideraron que se deben establecer mecanismos necesarios para evaluar y hacer el respectivo seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el país, así como el cumplimiento la Ley para Personas con Discapacidad (2007), que a la fecha no tiene Reglamentación, por lo que se hace necesaria su propuesta, por parte del Poder Ejecutivo.
Para Consorven, es imprescindible dar una mayor difusión, ante la comunidad de las Leyes y normas que amparan a las Personas con Discapacidad, para exigir sus derechos.
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