Transcurridos ocho meses del derrumbe de dos locales comerciales en el Hospital Central de San Cristóbal y uno en el Terminal de Pasajeros de la capital tachirenses, sus propietarios exigen se les sean devueltos los enseres y bienes que estaban dentro de los mismos, los cuales fueron presuntamente decomisados por la Alcaldía de San Cristóbal sin orden judicial.
Andrea Ramírez, quien era propietaria del restaurante que fue demolido en el Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, explicó que desconocen en qué lugar se encuentra la mercancía, materia prima y bienes inmuebles que fueron retirados, y que en su caso tenía un valor superior a los 40.000 dólares, por lo que su familia ahora no cuenta con recursos para sostenerse económicamente.
“Ya vamos para ocho meses y no nos han entregado los bienes, ni a las personas del Hospital Central, ni mucho menos a mi persona. No sabemos nada de nuestros bienes, no sabemos dónde están, y queremos que nos entreguen nuestros bienes, que entreguen nuestras cosas, porque con mucho sacrificio obtuvimos estos bienes… Nosotros allí teníamos enseres, mercancía, materia prima. Es más, a nosotros en el momento que llegaron de forma arbitraria, estábamos trabajando y sacaron los alimentos recién elaborados a la calle, prácticamente, y se llevaron absolutamente todo, o sea, nos robaron, nos hurtaron los bienes, tanto al Hospital Central como a nosotros en el Terminal de Pasajeros”, relató.
Ramírez expresó que ha sido difícil para ella y su esposo tratar de buscar cómo alimentar a su hijo, cómo pagar su colegio y todas sus necesidades básicas, pues el trabajo que consiguen es poco, esporádico, y se quedaron sin recursos para invertir en un nuevo lugar.
“Rogándole a Dios, pidiéndole que el niño no se me enferme porque tendría que buscar recursos para que me lo atiendan en un centro asistencial, porque todos sabemos en un hospital tenemos que llevar nuestros insumos para que nos atiendan”, agregó.
Recordó que hay más de 20 familias que se quedaron sin sustento por el cierre de estos tres locales comerciales, y que la respuesta de la Alcaldía fue la destitución del síndico, Mario Izarra, pero para darle otro cargo dentro de la administración pública, lo que califica como un premio a la acción que ejecutó.
“Queremos justicia, queremos que se restablezcan los derechos de todos nosotros y de igual de las familias que tenemos allí… Hago un llamado al municipio, hago un llamado al Estado de que se restablezca los derechos de cada uno de nosotros”, finalizó exigiendo Andrea Ramírez.
