Bogotá, 18 jun (EFE).- Las acciones violentas en Colombia aumentaron un 45 % durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2024, y hasta mayo fueron registrados 603 hechos de este tipo, a pesar de que el país tiene abiertos nueve procesos de paz con distintos grupos armados ilegales.
Así lo revela el informe ‘La paz, ¿cómo vamos?’, presentado este miércoles por Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en un acto en Bogotá que contó con la participación del expresidente Ernesto Samper (1994-1998), diplomáticos, representantes de delegaciones de paz y líderes regionales.
«Vamos a cerrar el año 2025 con más de 1.200 eventos violentos, lo podemos confirmar desde ya», alertó Lina Mejía Torres, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Vivamos Humanos.
Esa cifra supondría un récord respecto a los años 2023 y 2024, cuando no se superaron los 1.100 casos.
El informe destaca que en 2025 persisten dinámicas violentas con graves afectaciones a civiles, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones y violencia sexual.
«Cuando uno tiene ocho incendios en la casa, no puede apagar solo uno», advirtió Samper, al pedir un enfoque integral frente al conflicto.
Para el expresidente, la disyuntiva del país no es entre paz o guerra, «sino entre paz y paz», e instó a avanzar hacia una «territorialización de la paz» con mínimos humanitarios que protejan a las comunidades más afectadas.
Nueve procesos abiertos tras acuerdo con las FARC
Los procesos de diálogo actuales son parte de la estrategia de ‘paz total’ del presidente colombiano, Gustavo Petro, como continuación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC.
Aunque ese acuerdo logró la dejación de armas de la mayor guerrilla latinoamericana, tras la firma de la paz surgieron nuevos actores armados que mantienen vivo el conflicto.
Hoy están activos nueve procesos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); con la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), ambas disidencias de las FARC; con las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamadas Clan del Golfo; con bandas armadas de Medellín, Buenaventura, el Cauca y Nariño, y con agrupaciones locales.
De los nueve procesos, solo el de Medellín recibió una calificación alta en el informe. En contraste, el del Estado Mayor de Bloques y Frentes, con fuerte presencia en el departamento del Guaviare (centro-sur), contabiliza 783 acciones violentas en lo que va del año, lo que refleja la fragilidad de los compromisos pactados.
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Un nuevo ciclo de violencia
«Siempre es difícil hablar de paz en Colombia, pero no estamos en los años de 3.000 secuestros y 600.000 desplazados», reflexionó el analista León Valencia, quien advirtió sobre la «confluencia peligrosa» de violencias armadas y disputas territoriales que se vive actualmente.
El informe insiste en que la protección de la población civil debe ser el eje central de los procesos, y llama a aplicar mínimos humanitarios, regular los ceses al fuego y garantizar la participación ciudadana en los territorios.
«La seguridad no puede seguir siendo sinónimo de militarización», concluye el informe, que insta al Estado a implementar medidas estructurales sostenidas para cumplir con el acuerdo de paz y avanzar en la consolidación de la paz.
A la presentación asistieron también el embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez; el coordinador general en Colombia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Vicente Ortega, y la jefa de la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con el ELN, Vera Grabe.
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