Bogotá, 23 sep (EFE).- El Gobierno colombiano desplegó este miércoles más de 1.100 integrantes de la fuerza pública en Santa Marta (norte del país), tras la violencia desatada por las paramilitares Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y aseguró que mantiene el control de esta ciudad turística.
El mandatario, que lideró durante la madrugada una reunión de seguridad con autoridades locales y nacionales en la ciudad, anunció que más de 500 soldados estarán desplegados en Santa Marta junto a más de 600 policías, en un dispositivo de seguridad que también se extenderá hasta el vecino municipio de Ciénaga.
«Nuestra fuerza pública tiene controlado el orden público, la seguridad, tanto en Santa Marta como en Ciénaga y, por supuesto, en la troncal del Caribe», dijo el mandatario en referencia a la mayor carretera del norte del país.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio en la red social X un «parte de tranquilidad» a los habitantes y aseguró que su Gobierno irá por los responsables de la alteración al orden público en la región.
«Tengan la certeza que dentro de poco vamos a dar con los causantes de toda esta estrategia de terror. Alias Pinocho, alias Patilizo, alias Flash o Comando y alias Jacob o Comando 45, narcoterroristas de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada: voy por ustedes», zanjó.
La ciudad amaneció este miércoles con una actividad reducida en algunos sectores -comercios cerrados, escasa presencia civil en las calles- después de los ataques del martes contra vehículos y establecimientos comerciales.
El Ministerio de Defensa informó que el despliegue militar incluye unidades de fuerzas especiales, vigilancia fluvial y sobrevuelos continuos de la Fuerza Aérea sobre Santa Marta y sus corredores periféricos.
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Traslado de detenidos
Como parte de la respuesta del Gobierno, el presidente también anunció el traslado de cerca de 76 personas privadas de la libertad que, según afirmó, tienen vínculos con las ACSN y están recluidas en cárceles de los departamentos norteños de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.
De la Espriella ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país, con el argumento de impedir que continúen impartiendo órdenes desde sus centros penitenciarios.
«¡No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos!», escribió el mandatario en X.
El Gobierno colombiano sostiene que las medidas responden a las acciones violentas protagonizadas por las ACSN desde el lunes, después de la muerte de su segundo cabecilla, alias Cholo, en una operación de la Fuerza Pública.
