Iraly Guerrero, presidenta del Colegio de Profesores del estado Trujillo, solicitó la intervención de la Zona Educativa ante autoridades nacionales, como el Ministerio de Educación, del Trabajo y en la Asamblea Nacional.
Guerrero reportó la existencia de más de 5.000 profesionales con salarios suspendidos en la región. Según la representante gremial, se ha identificado la presencia de bachilleres en funciones docentes en sustitución de personal académico con formación universitaria.
“En el estado de Trujillo es alarmante la cantidad de bachilleros que están dando clases donde hay muchos educadores profesionales que los tienen cesantes y con el salario paralizado”.
La portavoz señaló que los procedimientos administrativos ejecutados por directores de instituciones carecen de fundamento legal, bajo el argumento de que dichos funcionarios no ingresaron a sus cargos mediante concurso, tal como lo establece el Reglamento de la Profesión Docente.
“Los directores que están en las instituciones no tienen la potestad para levantar un procedimiento administrativo porque ellos no concursaron, son empleados del gobierno, no son funcionarios de carrera para ser profesionales de la educación”.
Casos específicos presentados
Durante el pronunciamiento, se mencionaron casos particulares de trabajadores afectados por la suspensión de ingresos:
- Marjorie Simancas: Personal administrativo con 11 meses sin percibir salario, a pesar de padecer artrosis y cumplir con el tiempo requerido para la jubilación.
- Gerardo Rangel: Personal obrero con suspensión de sueldo desde el mes de octubre, tras haber estado detenido y recibir amnistía en febrero.
- Carolina Betancourt: Docente del Liceo José Antonio Román Valesillo con salario paralizado y sin asignación de funciones por disposición de la jefatura de zona.
Acciones y comunicaciones enviadas
La presidencia del Colegio de Profesores notificó que el caso ha sido elevado a nivel nacional debido a la ausencia de soluciones en el estado Trujillo. Se enviaron comunicaciones simultáneas a los siguientes funcionarios:
“Se elevó la situación ante las instancias correspondientes en virtud del artículo 367, numeral 9, que permite la defensa de los derechos de los trabajadores”, declaró Guerrero.
Fundamentos legales de la solicitud
La solicitud de intervención se fundamenta en el incumplimiento de las decisiones emanadas por la Inspectoría del Trabajo y la Defensoría del Pueblo.
La representación gremial exige la remoción de los funcionarios señalados en la Zona Educativa y la aplicación estricta de la normativa legal para restablecer los derechos laborales de los educadores y el personal administrativo en la entidad.
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