El pueblo es sabio, no cabe la menor duda y reconoce, que culpar a otros es irresponsable como grotesco es promover el conflicto entre transportistas y usuarios, quienes coinciden en no hacerle el juego al gobierno
La severa crisis económica que padece Venezuela, inició haciendo estragos y golpeando la alimentación de sus habitantes, como consecuencia de la escasez y desabastecimiento de alimentos producto de la destrucción del agro, del parque industrial, entre otras, y con ella, la precariedad de la salud a causa de la mala alimentación y desnutrición, trayendo consigo enfermedades que se agravan por la falta de medicinas e insumos médico-quirúrgicos conllevando a la inexorable muerte.
A esa tragedia social se suma el pésimo funcionamiento de los servicios públicos, fundamentalmente, el suministro de agua potable, aseo urbano y domiciliario, saneamiento ambiental, electricidad y alumbrado público, vialidad, y transporte, este último se encuentra totalmente colapsado en Venezuela, el estado Trujillo y el municipio San Rafael de Carvajal.
El sistema de transporte público urbano, suburbano e interurbano en este importante municipio trujillano, lo conforman 7 líneas, como son Chiquinquirá, Carvajal – Valera; Ruta Bolivariana; Cooperativa Rebelión; Unión de Conductores Carvajal 2030; AC Alto de la Cruz y Unión de Conductores 93, son en total más 500 unidades entre buses, busetas y automóviles, suficientes para prestar un buen servicio.
De estas, solo funciona un promedio diario de 5 unidades por línea, para un total de 35 unidades -más tres del Bus Trujillo- por demás insuficientes, ya que el resto de la flota se encuentra accidentada y parada gracias a la crisis por falta de cauchos, baterías, repuestos y lubricantes, tanto por lo elevado de su costo como la carencia y ausencia de los mismos en virtud del cierre de la mayoría de los establecimientos que comercializan estos productos, muchos de ellos importados y para lo cual no cuentan con dólares preferenciales.
Con esta inocultable realidad, tanto usuarios como transportistas no dudan en calificar que el transporte colapsó totalmente en detrimento de su calidad de vida, por lo que han tenido que hacer uso de las famosas “perreras” (expresión irrefutable de la crisis en tiempos de revolución), que más allá de servir de transporte alternativo representa un riesgo y peligro para los pasajeros, a quienes cada día se les hace más difícil cumplir con sus actividades laborales, diligencias personales, estudiantiles, etc.
Se desprende lo anterior, dado que es harto conocido por los innumerables reportajes y testimonios de pasajeros, estudiantes y transportistas, protestas y manifestaciones, que el colapso del transporte es producto de la crisis, la cual de acuerdo a todas las encuestas, más del 85% de la población opina es responsabilidad del gobierno nacional en la persona del presidente Nicolás Maduro.
Lo que no libra de culpa a los gobernadores, legisladores, alcaldes y concejales, quienes tienen la obligación más allá de la crisis, a cumplir con sus funciones en esta materia, hacer cumplir los acuerdos en cuanto a los elevados e inconsultos aumentos permanentes en las tarifas que atentan contra con el ingreso familiar. Igual responsabilidad tienen los directivos sindicales del transporte, que si bien corresponde defender a sus agremiados, también lo es llamar la atención de estos para que no incurran en la especulación, acepten los billetes que legalmente aún circulan, y principalmente, cesen los atropellos y vejaciones contra los usuarios. (Douglas Abreu)
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Comité de usuarios
Hace falta la conformación de un comité de usuarios, siempre se habla del mismo, pero no se concreta. Este instrumento garantiza la representación y participación con voz y voto de los usuarios en las mesas de trabajo que se instalan cuando se aborda esta problemática, pues son los usuarios en definitiva los más perjudicados.
