Caracas, 4 feb (EFE).- El anuncio de una ley de amnistía en Venezuela propuesta el pasado viernes por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puede abrir el camino hacia una eventual transición, dijeron analistas a EFE, pero su alcance dependerá de condiciones aún ausentes, y de cambios en el sistema judicial que mantiene encarcelados a cientos de presos políticos.
Activistas, familiares de detenidos, excarcelados y dirigentes opositores han exigido la aprobación rápida de esta legislación, mientras que varias ONG pidieron que no obstaculice el derecho de las víctimas a la justicia y reparación.
Sin saber todavía los detalles de la ley, el politólogo y profesor de la Universidad Metropolitana (Unimet) Guillermo Tell Aveledo, dijo a EFE que esta propuesta «es una señal embrionaria» para una transición en una Venezuela ahora liderada por Rodríguez, quien habla de un «nuevo momento político» y «reconciliación», después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
«Todavía no es estructural», señaló.
Por su parte, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, advirtió a EFE que la amnistía «no es, ni va a ser, como una varita mágica que libera a todos».
A continuación algunas claves sobre las condiciones que, consideran los analistas, debería cumplir esta propuesta.
Mantener las excarcelaciones
La amnistía, explicó Romero a EFE, «no solo es liberar personas», sino que «puede servir para que en un futuro» no se produzcan más encarcelaciones, y para que en el pasado «se limpien estos expedientes de persecución».
En este sentido, subrayó que las recientes excarcelaciones de presos políticos han ocurrido por «órdenes» del Gobierno y deben mantenerse sin «supeditarse» a la aprobación de la ley, en medio de un proceso iniciado el pasado 8 de enero y del cual Foro Penal ha verificado 344 liberados, a la par que registra otros 687 que siguen encarcelados.
El Gobierno, sin embargo, ahora habla de 895 liberados desde noviembre.
Aveledo, por su parte, consideró que este anuncio es un «gesto humanitario importante», pero «es muy temprano» para hablar de una «apertura democrática».
«Es bueno que sea por medio de una ley, más que por decisiones puntuales, pero habrá mucho por revisar», añadió.
Reconocer a los presos políticos
Si bien se inició un proceso de excarcelaciones, el Gobierno encargado insiste en que Venezuela no tiene presos políticos y, por el contrario, les acusa de haber cometido delitos, lo cual plantea dudas sobre los criterios de esta amnistía.
«El Gobierno no reconoce ni siquiera que existen presos políticos. Los que decimos que hay presos políticos y los calificamos somos nosotros (las ONG). Cuando ellos dicen que excarcelan a 700, 800 personas. ¿Quiénes son? ¿Con base en qué criterios los excarcelan si no son presos políticos?», cuestionó Romero.
Aveledo, sin embargo, considera que la propuesta de Rodríguez «no es un hecho menor», pese a su discurso.
«La idea de que hay amnistía significa que hay unas penas, que hay unas condiciones de no consenso, de no concordia, y ese es un reconocimiento importante», argumentó.
Evitar la impunidad
La amnistía implica el «olvido» de las causas judiciales, pero no es un «perdón» para los beneficiados, que han sufrido detenciones arbitrarias, indicó Romero.
«Siendo un olvido, también puede servir para olvidar lo que hicieron los responsables por violaciones a los derechos humanos, que son precisamente los responsables de que las personas hayan estado presas», advirtió.
Por esto, añadió, su ONG recibió el anuncio con «cautela». Recordó que el Gobierno que propone la amnistía es «el mismo» que «encarceló» y se mantiene con «las mismas instituciones».
En esto coincidió Aveledo, quien apuntó que una narrativa de «olvido del pasado» puede llevar a una «conciliación superficial», en lugar de demostrar si hay un «propósito de cambio».
«Lo que hace (el olvido) es postergar las razones del conflicto, porque no está atendiendo las divergencias y no está atendiendo el dolor de la represión», agregó.
Cambiar condiciones políticas y judiciales
Ambos analistas también coincidieron en que, por sí sola, la amnistía es insuficiente para una verdadera transición democrática.
Según el Foro Penal, más de 11.000 personas excarceladas aún tienen medidas cautelares que restringen su libertad plena desde 2014.
Romero señaló que la amnistía no incluye la «reconstrucción del sistema de justicia» y no servirá si es una «fachada» mientras se mantiene «el sistema represivo».
Aveledo identificó tres puntos que podrían indicar avances: «legalización y apertura a los sectores políticos excluidos, prohibidos y exiliados», también «el fin de la censura previa en los medios», y «la despolitización del sistema de justicia» para evitar que se use «como modo de castigar y reprimir».
La transición, insistió, es un proceso «muy largo», pero «es mejor tener estas excarcelaciones y esta amnistía que lo contrario», concluyó.
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