Copenhague, 4 sep (EFE).- Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia expresaron este viernes su deseo de que se alcance a principios de 2027 un acuerdo para crear un centro de devolución de migrantes fuera de la Unión Europea (UE).
«En torno a Año Nuevo contamos con cerrar un acuerdo con un país de fuera de la UE», dijo en rueda de prensa el ministro de Extranjería danés, Morten Bødskov, tras una reunión en Copenhague con sus colegas de esos países.
Bødskov declinó revelar con qué país están negociando y se mostró confiado en que Dinamarca pueda enviar a los primeros inmigrantes a ese centro «a lo largo de 2027».
El Parlamento Europeo (PE) aprobó en junio pasado el Reglamento de Retornos, que permite la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países, así como agilizar las deportaciones.
El texto, al que España se opuso desde su concepción, contempla la obligación de abandonar inmediatamente o en un plazo determinado el territorio comunitario a personas de fuera de la UE que no estén en situación regular, aunque «respetando plenamente los derechos fundamentales y el derecho internacional».
Entre estos derechos se incluyen el principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas.
Según reveló hoy Bodskøv, estos cinco países han acordado un modelo basado en tres principios.
El primero es que cree una reducción «sensible» en el número de inmigrantes ilegales a la UE y se impida que los traficantes de personas ganen dinero.
El modelo debe ser también un proyecto europeo común, que respete el derecho comunitario e internacional, en especial los derechos humanos.
El último principio alude a que el modelo debe llevarse a cabo a través de acuerdos de colaboración con países extracomunitarios, contribuyendo a un sistema de asilo e inmigración «más efectivo».
«No hablamos de campamentos, sino de la posibilidad de una nueva oportunidad para migrantes irregulares que no pueden regresar a sus países y no se pueden quedar en los nuestros de forma legal», dijo Bodskøv.
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Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Austria y Grecia integran un grupo de países que se ha destacado por defender la necesidad de desarrollar un sistema común para gestionar el retorno de personas que ya han recibido una decisión definitiva de rechazo de su solicitud de asilo.
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