SAN CRISTÓBAL. Esta semana fueron remitidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington, nuevos recaudos sobre el caso de la Comunidad Morales donde se consignó hace varios años la denuncia sobre la confiscación de 220 mil hectáreas en el sur del Táchira que afecta a 20 mil familias en los municipios Fernández Feo, Libertador, Cárdenas y Uribante, así como 280 mil hectáreas que afectan a otras 30 mil familias en 17 municipios del norte del estado, según informara el parlamentario nacional jubilado e historiador Walter Márquez.
En la nueva documentación que fue solicitada en abril de 2017 por este organismos de Derechos Humanos a nivel interamericano, se reafirma que están afectados más de 220 mil hectáreas y derechos de propiedad con una antigüedad de más de 200 años, sustentados con un título desde la época colonial anterior a la independencia del año 1793 y que posterior a la independencia de 1811 esas tierras propiedad privada que había vendido el cabildo de La Grita fueron traspasadas en 1852 al padre Pablo Antonio Morales, -explicó Márquez.
Recordó el historiador tachirense que a través de “una serie de artimañas judiciales se dictaron varias sentencias en contra de los propietarios, una tomada por el Tribunal Agrario del Táchira, cuando era funcionaria Yitza Contreras, el 26 de enero de 2006, declarando nulos los títulos de la Comunidad Morales, lo cual es insólito, porque ya había transcurrido más de 150 años de la venta y se había vencido cualquier prescripción que se pudiera intentar”.
— Posteriormente esa sentencia, que declaraban tierras baldías a la comunidad morales, fue ratificada ilegalmente por el juez superior Agrario Luis Felipe Serrano el 2 de junio de 2008, y luego mediante otra maniobra política y judicial fue confirmada por el Tribunal Supremo de justicia el 11 de agosto de 2009, e inmediatamente hubo un mandamiento de ejecución de sentencia por parte del Tribunal Agrario del Táchira el 3 de febrero de 2010, quien ordenó traspasar todas esa área al Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo gubernamental que administra las tierras baldías.
Explicó Márquez que desde esa época, el año 2010, están paralizadas las compra-ventas de bienhechurías, o el derecho de propiedad en la Comunidad Morales, razón por la cual fue denunciado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este año reactivó el expediente de la petición P-1617-10. Las sentencias fraudulentas también afectan a productores agropecuarios del norte del Táchira que se derivan de los mismos títulos de La Grita de la época colonial, lo que conlleva que tanto en la zona sur como en la zona norte existen propietarios afectados, otras 50 mil familias ubicadas en 17 municipios en el norte estado sobre más de 500 mil hectáreas.
El alegato del régimen venezolano para confiscar de manera fraudulenta esas tierras –manifestó- era que allí había grandes latifundios, pero de acuerdo a un estudio elaborado por la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), las propiedades que son menores a 50 hectáreas, protegidas por la Ley de Reforma Agraria, suman en la Comunidad Morales el 91.36 %, es decir, que la mayoría de las mismas son pequeñas y medianas propiedades, no grandes latifundios como intencionalmente quiere hacer ver el gobierno nacional.
“En este caso se remitió la nueva información requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para completar el estudio, de acuerdo al artículo 26 de su Reglamento y estamos esperando tanto mi oficina parlamentario como la Asociación de Ganaderos del Táchira y la Federación Campesina de Venezuela, que el caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en San José de Costa Rica, a fin de que se dicte sentencia a favor del derecho a la propiedad garantizado en el artículo 115 de la Constitución de la República en la cual se respete los derechos humanos de más de 50 mil familias de campesinos y productores agropecuarios asentados en la zona norte y sur del Táchira”, indicó Walter Márquez.
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