Para que sea incluido en el Informe Anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos, será remitido al embajador Francisco Palmieri, representante diplomático de Estados Unidos para Venezuela en Bogotá, un informe sobre la violación de derechos humanos cometida por altos funcionarios de la Alcaldía del municipio San Cristóbal, entre los que se encuentra el alcalde Silfredo Zambrano; el director general, Juan Rodolfo Martínez y el síndico procurador municipal Mario Izarra, por presunto acoso y destrucción de locales a comerciantes de la capital tachirense.
La información la dio a conocer el vicepresidente del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Paciano Padrón, quien recordó que durante el año 2023 el alcalde Silfredo Zambrano y sus altos funcionarios ordenaron la destrucción de dos restaurantes dentro del Hospital Central que estaban permisados desde el año 2004 y que estaban prescritas las acciones; y a finales de 2022 la destrucción de un restaurante en el terminal de pasajeros Teófilo Cárdenas.
Recordó que ante el Tribunal Contencioso Administrativo la Directora de Ingeniería confesó que ellos no habían expedido la resolución para demoler esos locales, lo que confirma que se violó el debido proceso.
“Además hay una recopilación hemerográfica y documental. Son atropellos que se han extendido a los comerciantes informales, a funcionarios de la propia Alcaldía, a expendedores de licores, pequeños comerciantes, a vendedores de repuestos automotrices, siendo uno de los casos más dolorosos el de la dueña de una bodega ubicada en Barrio Sucre, quien murió como consecuencia de un mal procedimiento de funcionarios fiscales de la Alcaldía. Es una violación sistemática de los derechos humanos”, explicó.
Padrón recordó que por defender a las víctimas también está siendo perseguido el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.
El representante de Ciciven indicó que además de remitir toda esa información al Departamento de Estado Norteamericano por vía de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que está encargada de los asuntos políticos, diplomáticos y consulares de Venezuela, también tramita estos hechos ante la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad.
