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Decíamos en julio del 2018: Tal vez, al acrecentarse el espacio de justicia respecto a la Universidad, se acrecentará también el pensamiento y la política de una Universidad más comprometida con el futuro, dando pasos de progresión que permita llevarla a un mejor lugar en todos sus niveles.
Reiteradamente hemos argumentado en forma pública y evidente que la Universidad no es una parcela de la oposición o del gobierno. La universidad es del pueblo universitario y le conminamos para enfrentar el ejercicio de destrucción más grotesco de quienes deben pagar los costos por hundirla. La Universidad no es de quienes, desde una aparente y falsa legitimidad, han escrito las peores páginas de agresión a su espíritu. Contábamos y contamos con suficientes razones, derechos y argumentos para detener esta campaña que sistemáticamente ha destruido la legitimidad de la Universidad.
El debate en y por la Universidad, se verá incitado por decisiones fundamentales que deberán contribuir desde sus capacidades institucionales a darle al país la oportunidad de repensar la condición cultural de la universidad y colocar su legitimidad dentro de las exigencias de la progresividad del derecho. Para hacer universidad es necesario saber interpretarla en sus condiciones actuales. No somos una parcela, queremos fortalecer la dimensión humana de su diversidad.
Desde el 2008 no se hacen elecciones en la ULA, se ha relajado no sólo la legalidad y la legitimidad, también la imputabilidad. Uno de mis estudiantes de Lenguaje y comunicación relee a Ricoeur en “Volverse capaz, ser reconocido”: “La imputabilidad constituye una capacidad claramente moral. Un agente humano es considerado como el verdadero autor de sus actos, cualquiera que sea la fuerza de las causas orgánicas y físicas. Asumida por el agente, lo vuelve responsable, capaz de atribuirse una parte de las consecuencias de la acción; si se trata de un daño hecho a otros, dispone a la reparación y a la sanción final”.
Dejo ante ustedes, la preocupación sobre la cuestión universitaria que pasa por la superación del todos contra todos. Me he prestado a servir de vínculo para, como lo señalo en el Prólogo de Una Semiótica del orgullo (2018) “juntar pedazos para la comunicación”. Subrayemos, entonces, el artículo 54 del Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de Los Andes: Los profesores universitarios vincularán su comportamiento académico y ciudadano con el real ejercicio de sus legítimos derechos políticos y la concreta defensa de los derechos humanos universales, consagrados en la Constitución Nacional y reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas”. Al país que odia y asalta lo cotidiano y lo trascendente debemos colocarle la de los venezolanos capaces de mirarnos cara a cara. El sistema de saber de la nación debe ser valorado y ampliado por la universidad. Pareciera que hemos abandonado este papel, la enorme tarea de educar y orientar, quebrando su doctrina histórica para arrodillarla a los desafueros de la bipolaridad, el binarismo, el fanatismo y la lucha vacua por el poder.
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La dimensión interpretativa en que nos coloquemos como venezolanos será determinante para reunir las mentalidades y los programas necesarios para recuperarnos de esta ruina vergonzosa de la autonomía y de la cultura académica. No se trata de sustituir hoy a un rector que nos acusa de enemigos internos, para poner otro que se invente un nuevo enemigo interno. Deberemos entrar a la dinámica del discernimiento y la creatividad responsable.
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