Guayaquil (Ecuador), 5 mar (EFE).- Laura Ipanaqué está con tratamiento psicológico desde la muerte de su hijo Carlos Javier Vega, quien hace un mes fue acribillado por militares en un episodio que constituye la primera denuncia de una presunta ejecución extrajudicial desde el inicio del «conflicto armado interno» declarado en Ecuador contra el crimen organizado.
Para la familia de la víctima, los militares, que desde el inicio del estado de excepción están en las calles con la misión de neutralizar a las bandas criminales ahora catalogadas como grupos terroristas, mataron sin justificación a Carlos Javier, de 19 años, e hirieron de igual firma a su primo Eduardo Velasco.
«Yo solo quiero que se haga justicia, porque mi hijo no era un delincuente como ellos lo catalogaron. Quiero que rectifiquen, que así como dijeron que eran terroristas, que digan que se equivocaron. Mataron a una persona inocente», dice Ipanaqué en una entrevista con EFE.
Todo ocurrió en la mañana del 2 de febrero, cuando Carlos Javier y su primo se dirigían a vender un perro en el sur de ciudad de Guayaquil. Al llegar se encontraron con un operativo militar y policial en una vivienda situada a unos metros del lugar donde iban a entregar al animal.
«Me bajo del carro, saludo al militar y le digo que voy a unos 10 metros de donde estábamos, y me dice, de forma grosera y prepotente, que no podía pasar, que me vaya, y me apunta. Entonces vuelvo y me subo al carro», relata a EFE Eduardo.
A partir de ese momento, dice Eduardo, vivió momentos desconcertantes que terminaron en su captura y en la muerte de su primo Carlos Javier. «A lo que doy retro (marcha atrás) para irme, choco con un patrullero de la Policía. Intento avanzar, pero el carro no salía. Intento más duro, me despego (de la patrulla) y vuelvo a mi posición inicial. El militar pasa a la parte de atrás y escucho un disparo», recuerda.
«Mi primo me pega con la mano y lo veo que se me va hacia adelante. Pensé que eran balas que salían del allanamiento, así que intenté ir a un hospital y escuché otro tiro que reventó la ventana del lado de mi primo», cuenta.
Eduardo logró salir y más adelante se dio cuenta de que él también estaba herido. Entonces se detuvo y se encontró con los mismos militares que, según relata, los sacaron del automóvil, los tiraron al suelo y los golpearon.
«Presuntos terroristas» para las Fuerzas Armadas
En un comunicado, las Fuerzas Armadas catalogaron a Carlos Javier y a Eduardo como «presuntos terroristas» a quienes detuvieron «ante un intento de ataque a un retén militar». Señalaron que los hombres embistieron a los militares y chocaron la patrulla, por lo que «en respuesta a ese ataque se realizaron disparos para precautelar la seguridad del personal».
Eduardo se enteró en el hospital de que su primo había recibido cuatro disparos y horas más tarde, en la Policía Judicial, de que él estaba detenido por el delito de ataque y resistencia.
Carlos Javier falleció al día siguiente. «Dos balas superiores le habían dañado el pulmón y las otras dos inferiores el intestino y la médula. Me dijeron que si él sobrevivía, quedaba inválido», detalla la madre.
«Mataron los sueños de una familia. No sólo lo mataron a él, a nosotros nos han matado por dentro también», dice Laura, quien recuerda a su hijo como un chico cariñoso, generoso y «amigo de todo el mundo». Hace un año se había graduado del colegio y ayudaba a sus padres en la panadería familiar.
En la audiencia de flagrancia, la jueza ordenó que Eduardo cumpla arresto domiciliario, pues no tiene antecedentes penales, y pidió que se abran dos investigaciones: una por el asesinato de Carlos Javier y otra por el delito de fraude procesal, debido a las inconsistencias que encontró en las versiones de los militares.
Consultado por EFE, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reiteró que éstas son respetuosas de los Derechos Humanos, y abogaron por que las investigaciones sigan su curso.
Más casos similares denunciados
Fernando Bastias, abogado del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que acompaña legalmente el caso de Carlos Javier, dice que conocen de otros dos asesinatos por parte de militares en el contexto del «conflicto armado».
También han documentado dos detenciones arbitrarias y más de 70 de torturas o tratos crueles dentro de cárceles.
La CDH recibió críticas por presentar una demanda que llevó a un juez a ordenar a la Defensoría del Pueblo investigar las presuntas violaciones a los derechos en las intervenciones militares a las cárceles, que hasta entonces controlaban las bandas criminales de manera violenta.
Incluso el presidente Daniel Noboa salió en la defensa de los militares y catalogó esas denuncias de «antipatria».
«Las Fuerzas Armadas no tienen ni la competencia legal ni la formación para poder combatir la criminalidad, y lo que le ocurrió (con Carlos Javier) fue una ejecución extrajudicial resultado del uso ilegítimo de la fuerza», afirma Bastias.
La instrucción fiscal del caso por ataque y resistencia terminó este lunes y Bastias espera que no se acuse a Eduardo y que se condene a los militares que dispararon contra Carlos Javier.
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