São Paulo, 16 jul (EFE).- El Gobierno de Brasil anunció este jueves que iniciará «inmediatamente» los trámites para aplicar la ley de reciprocidad en respuesta a los aranceles del 25 % decretados por Estados Unidos a ciertos productos brasileños y culpó de ello a la familia del expresidente Jair Bolsonaro.
«El 15 de julio de 2026 pasará a la historia de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos como un hito lamentable», señaló la Presidencia brasileña en una nota, compartida por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes sociales.
La Administración de Lula rechazó la decisión de la Administración Trump de «imponer aranceles del 25 % a los productos brasileños, con base en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974».
«No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio con Brasil», aseveró el comunicado.
Brasil informó entonces que «iniciará de inmediato los trámites para activar los mecanismos previstos en la Ley de Reciprocidad», y que «volverá a plantear el asunto en el marco del mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)».
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) inició hace un año una investigación y concluyó que varias prácticas del Gobierno brasileño son «irrazonables» y restringen el comercio estadounidense.
Entre esas políticas citó el sistema electrónico de pagos automáticos (PIX), la aplicación de las normas para combatir la corrupción, las leyes de protección de la producción intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal.
«Brasil no reconoce la legitimidad de investigaciones que no estén amparadas por las normas multilaterales de comercio», sostuvo.
Además, el texto recordó que, en 2025, un 76 % de las importaciones procedentes de Estados Unidos entraron en el país sin pagar aranceles de importación, y que el gravamen medio aplicado efectivamente a los productos estadounidenses fue de apenas el 3,1 %.
El Gobierno de Lula subrayó también que nunca ha abandonado la mesa de negociación a lo largo del último año, periodo durante el cual asegura que presentó «pruebas que refutan todas las acusaciones sobre supuestas prácticas comerciales desleales».
El Ejecutivo brasileño también salió en defensa de su sistema de pagos PIX y de la regulación de las redes sociales, y garantizó que no renunciará «a proteger a las familias y a los niños frente a la codicia de un puñado de ‘tecnooligarcas'».
El Gobierno de Lula señala a los Bolsonaro
Igualmente, el comunicado acusó de ‘tarifazo’ a las maniobras de la familia Bolsonaro, cuando faltan menos de tres meses para las elecciones presidenciales, que se perfilan como un pulso entre Lula y el hijo mayor del líder ultraderechista, el senador Flávio Bolsonaro.
«Es lamentable constatar que el desafortunado desenlace de las investigaciones basadas en la Sección 301 forma parte de un relato construido con la activa colaboración de la familia Bolsonaro», señaló la nota del Gobierno.
Y completó: «Son falsos patriotas que planearon y defendieron públicamente acciones contra nuestro país, movidos por objetivos electorales.
Bolsonaro, actualmente, cumple en casa una pena de veintisiete años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra Lula.
Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del exmadatario ultraderechista, también fue condenado el mes pasado por la Corte Suprema de Brasil a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto por impulsar desde EE.UU. sanciones contra Brasil para torpedear el juicio contra su padre por golpismo.
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Por último, Flávio Bolsonaro envió una carta a la Administración Trump en la que pidió el aplazamiento de los aranceles hasta después de las elecciones ante el temor de que la medida favorezca a Lula.
«No se puede amar a Brasil solo cuando se ganan las elecciones. Proteger nuestra soberanía es una obligación que está por encima de todos los partidos y de todas las tendencias. El Gobierno brasileño no vacilará en su deber de preservarla», respondió el Ejecutivo de Lula.
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