En San Cristóbal, los espacios públicos parecen tener dueño. El vacío de autoridad contribuye a que un espacio que debe ser de todos, sea asumido como una propiedad por personas que pretenden sacar provecho económico. Existen varias situaciones, desde el uso de las aceras y calles para colocar avisos y muebles hasta el funcionamiento de talleres mecánicos en vía pública. Entre ella existe una que ha generado preocupación y desconfianza entre los propietarios, que deben estacionar sus vehículos en calles y avenidas, en lugares controlados por ciudadanos que no se sabe quiénes son, ni quienes les ha autorizado para adueñarse de una vía, aplicando tarifas obligatorias y cobrando ciertas cantidades de dinero, en lo que, en algunos casos, no deja de ser una especie de extorsión.
Joaquín Moreno Dulcey ha sido amenazado varias veces por protestar y su carro dañado. Por razones de trabajo debe acudir al mercado Metropolitano, en La Concordia y en varias oportunidades ha sido víctima de atropellos e intentos de agresión por algunas de las personas que se dedican a cuidar carros en la calle. “Esto no es gratis maestro y estacionarse en esta calle cuesta plata”, le advierten escuetamente al propietario del vehículo.
Daños a los carros
Ocurre con frecuencia. Cuando el conductor aduce que se encuentra en un lugar público y que el pago de impuestos al municipio le permite hacer uso de ese espacio, sin la necesidad de hacer otra erogación adicional, el cuidador de carros se molesta y en muchos casos, los vehículos resultan con daños. Aparecen rayados, les quitan espejos o platinas y por supuesto el cuidador no da ninguna explicación.
Cerca de una conocida clínica ubicada en la parte alta de la ciudad, a varios vehículos les robaron los cauchos del lado correspondiente a la acera y cuando los afectados reclamaron al “cuidador”, simplemente contesto que no había visto nada y que no era su culpa.
Esto es grave, acoto más adelante Moreno Dulcey, porque la cosa se está anarquizando por una total y absoluta falta control por parte de las autoridades. Nadie pone orden y existen muchas irregularidades que no dan garantía de seguridad, porque nadie sabe en manos de quien quedan los carros. No se sabe quien da autorización para que se apoderen de una vía que es pública y cobren por estacionarse, menos aun, quien fija el monto, que en algunos lugares se debe cancelar de manera obligatoria.
Antes usted le daba a quien cuidaba la cantidad que usted creía conveniente y no había problema alguno. Ahora las cosas son diferentes, porque se ha instituido de manera arbitraria una tarifa que en muchos casos llega a los cinco mil bolívares, y el no pago, lleva a una respuesta agresiva que atemoriza. No solo es el insulto y la falta de respeto, sino que te ofrecen golpes y amenazan con dañar el vehículo, lo cual convierte el cobro en una especie de extorsión, comento más adelante el señor Moreno, que se ha dado a la tarea de investigar esta situación.
Sin respuesta policial
Sabemos que en entre quienes que se dedican a este tipo de actividades hay personas honestas y responsables, vividores y de dudosa reputación. Sin embargo no existe ningún tipo de control ni registro por parte de las autoridades para saber quién es quién, donde vive, cuáles son sus antecedentes, si es confiable o no. Esta tarea debería de corresponder a la policía municipal, acoto el declarante.
Además de las expresiones de agresividad y abuso que se producen cerca del mercado metropolitano, existen otras situaciones que deben ser enfrentadas por la policía. En la unidad vecinal, cerca de la estación de servicio, hay un señor que vive en una borrachera perenne, que no cuida nada porque no está en condiciones, pero cuando usted va a retirar su carro, se acerca, garrote, en mano y de manera amenazante, para exigir pago.
Esta el vividor, que tampoco cuida nada y a quien usted no ve cuando llega a un lugar para dejar su vehículo, pero al final aparece, pretendiendo cobrarle por haber estacionado su carro en una vía publica, comento.
Esta modalidad de cobro no solo se aplica en lugares públicos, sino que también ocurre en espacios que son propiedad del estado. Se puede observar en el cementerio municipal de San Cristóbal y en algunos mercados que son propiedad del municipio, donde personas particulares pretenden asumir las funciones de seguridad en el caso de vehículos.
Control policial
Se hace necesario que las autoridades policiales metan la mano en una situación que a medida que pasa el tiempo se convierte en un problema. No solo están obligadas a garantizar el uso de los espacios públicos, sin más requisitos que los establecidos por la ley, sino, de llevar un registro de las de las personas que se ocupan de cuidar carros y conocer las garantías de seguridad que puedan ofrecer.
Si bien esta es una actividad informal, se hace necesario hacer una reglamentación sobre la misma y dotar a los encargados de una identificación que acredite la actividad a la cual se dedican y con datos puntuales sobre los mismos, manteniendo, claro está, que se trata de lugares públicos y no se debe disponer de los mismos para beneficio propio.