El rector de la Universidad de los Andes (ULA), Mario Bonucci, se pronunció este jueves desde el estado Trujillo para denunciar la persistencia de un conflicto administrativo que impide a los egresados del Núcleo Universitario Rafael Rangel (NURR) registrar sus títulos profesionales, una situación que afecta a la comunidad estudiantil desde hace seis años.
El origen del problema se remonta a 2019, debido a un acto administrativo emitido por el entonces ministro Hugbel Roa, el cual ordenaba al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) no procesar los documentos de los graduandos de esta casa de estudios.
Acciones legales y administrativas
Tras una reunión con la nueva registradora principal del estado, Bonucci confirmó que la negativa de registro sigue amparada en dicha medida vigente. Ante esto, la máxima autoridad universitaria anunció el inicio de nuevas acciones legales.
“Introdujimos un recurso de abstención o carencia en el registro público. Este va a ser tramitado a SAREN a Caracas… también estaremos introduciendo un recurso de carencia o abstención por parte de la Universidad de los Andes en el contencioso administrativo del Estado Trujillo”, detalló el rector.
Compromisos incumplidos
A pesar de que el actual Ministro de Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, y el viceministro Ryan Rojas habrían manifestado meses atrás la voluntad de derogar la prohibición a través de un nuevo acto administrativo, la solución aún no se materializa.
Bonucci enfatizó que, aunque se han realizado operativos parciales para solventar casos puntuales, la restricción general persiste, vulnerando los derechos de los profesionales andinos.
“Estamos haciendo las diligencias personalmente para resolver este grave problema y confío en que pueda resolverse, que haya buena voluntad por parte del ministro Ricardo Sánchez y que podamos atender con el debido respeto que se merecen a nuestros egresados”, concluyó Bonucci.
La Universidad de Los Andes se mantiene a la espera de una respuesta formal por parte de las autoridades nacionales en Caracas para destrabar este nudo legal que afecta el ejercicio profesional de cientos de graduados en la región trujillana.
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