Caracas, 20 jul (EFE).- La Asamblea Nacional prorrogó este jueves, por un mes, una investigación sobre la posible «responsabilidad penal» del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) por «crímenes de lesa humanidad» contra la nación caribeña, debido a las sanciones que impuso mientras fue mandatario, y la presunta vinculación de antichavistas en estos «ataques».
La Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, aprobó la prórroga para finalizar la investigación solicitada por la comisión encargada, que adelantó «nombres y apellidos» de algunos de los «responsables» de «estas acciones», entre los que mencionó a los opositores María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano, candidatos a las primarias del próximo 22 de octubre.
El presidente de la comisión, el oficialista Pedro Infante, también señaló a otros 22 opositores como Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledezma, David Smolansky, Freddy Guevara, Henry Ramos Allup, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro y José Ignacio Hernández, entre otros que conforman una lista «más larga».
Aseguró que estos opositores cometieron, al menos, «ocho delitos», entre ellos, «traición a la patria», «usurpación de funciones», «asociación para delinquir», «terrorismo» y «financiamiento al terrorismo», y han «violentado» el Estatuto de Roma, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Entre los «responsables internacionales», prosiguió, se encuentran, Trump y «algunos de sus voceros y funcionarios», como John Bolton (exasesor de Seguridad) y Elliott Abrams (ex enviado especial para Venezuela), «expresidentes», «organizaciones e instituciones», como los departamentos de EE.UU. de Estado y del Tesoro, y empresas transnacionales.
«Ahí se van definiendo responsabilidades de delitos nacionales, delitos internacionales», dijo Infante, quien explicó que la investigación, para la que se han revisado «antecedentes teóricos» y construido una «cronología» de los «cientos» de «ataques, será de «mucha utilidad» para Venezuela y «todas las acciones que de ahí se deriven».
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El diputado agregó que la comisión ha elaborado una agenda que incluye la «denuncia formal» en «instancias nacionales e internacionales» y una «gran movilización para que «el pueblo pueda levantar la voz en defensa» del país y de su «soberanía e intereses».
Los resultados de estas investigaciones, según opinó recientemente el chavista, deberían ser llevados ante organismos como Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional (CPI).
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