Caracas, 10 oct (EFE).- El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, presentó este viernes un proyecto de ley para la «defensa integral» del país en el marco del «peligroso asedio», aseguró la Cámara, por parte del Gobierno de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
El proyecto de ley, que fue aprobado en primera discusión y deberá superar una segunda para convertirse en ley nacional, tiene por objeto «establecer las líneas estratégicas para el funcionamiento» de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral, que «tienen la función de planificar, controlar e integrar al Gobierno y al pueblo», dijo el diputado chavista Giusseppe Alessandrello, que presentó el documento.
Alessandrello indicó que la ley establece que estos órganos están presentes a nivel municipal, estatal y nacional y entre sus «fines primarios» está el cumplimiento de lo que «señala la Constitución con relación a la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en defensa de la nación».
«Esto es para garantizar el esfuerzo de defensa de la independencia, de la libertad, la integridad territorial, la paz, la democracia y la defensa integral de nuestro país ante amenazas internas o externas», precisó el diputado, que detalló que el documento, denominado ‘Ley de los comandos para la defensa integral de Venezuela’, tiene 35 artículos.
Asimismo, aseguró que «la ley es la propuesta inteligente a las amenazas, a las agresiones» de Estados Unidos en contra de Venezuela y permitirá, agregó, «integrar, de manera definitiva, el poder militar, el poder policial, las capacidades económicas, las capacidades humanas del pueblo entero».
Este jueves, el Gobierno de Maduro pidió que se convoque con «carácter de urgencia» a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante el «ataque armado» que se pudiera dar, enfatizó, por parte de Estados Unidos contra Venezuela «en un muy corto plazo».
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EE.UU. defiende su despliegue militar en el mar Caribe como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de Venezuela, mientras que el Ejecutivo de Nicolás Maduro insiste en que se trata de una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».
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