La Asamblea Nacional de Venezuela, como único poder legítimo y reconocido por la comunidad internacional, aprobó solicitar la Protección de los activos del Estado venezolano a los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y a la Unión Europea, coalición que reúne a 28 naciones, ante la flagrante usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro.
El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento venezolano, diputado Freddy Superlano, recordó que el pasado 10 de enero de 2019, se consumó la mayor usurpación de la historia de Venezuela, en la Presidencia de la República; y ante estos hechos, «las leyes de la República Bolivariana de Venezuela son claras, la Constitución establece en su artículo 138 que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Sin contar, que es un hecho público y notorio que la gestión de Nicolás Maduro Moros durante el período presidencial 2013-2019 ha malversado los activos del Estado venezolano en detrimento del patrimonio y los bienes de la nación, estableciendo un Estado corrupto y generando la mayor crisis económica de la historia de Venezuela».
El parlamentario detalló que solicitaron a 46 países que instruyan a los organismos regulatorios de las entidades financieras la prohibición expresa de cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en esos países, con el fin de garantizar la protección de los activos de los ciudadanos por no contar con representación legal ante los entes regulatorios.
Asimismo, Superlano informó que pedirán a la banca privada acreditada en las mencionadas naciones, la prohibición del manejo de fondos, cuentas y activos del Estado venezolano en sus entidades financieras en virtud de proteger el patrimonio de la nación, ante la usurpación del Poder Ejecutivo Nacional por parte del Nicolás Maduro Moros.
Freddy Superlano ratificó que queda en manos de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Poder Legislativo, la remisión del acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional, su correcta coordinación, así como seguimiento del mismo.
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