Buenos Aires, 17 mar (EFE).- El Gobierno de Alberto Fernández afronta este jueves una sesión clave en el Senado argentino con vistas a lograr el aval parlamentario definitivo a un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita refinanciar millonarias deudas con el organismo y evitar así una cesación de pagos.
El proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a contraer nueva deuda con el FMI para refinanciar compromisos contraídos en 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri (2015-2019), por unos 45.000 millones de dólares, ya fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados y se convertirá en ley si los senadores también dan su visto bueno en el pleno que comenzó hoy.
De obtener la aprobación parlamentaria total, solo restará que el directorio del Fondo se reúna y apruebe el nuevo programa de facilidades extendidas.
Este jueves, el portavoz del FMI, Gerry Rice, indicó que un apoyo amplio político y social en Argentina resultará clave para que resulte exitoso el principio de acuerdo, que calificó de «pragmático y realista», con políticas económicas «creíbles» que fortalecerán la estabilidad macroeconómica.
El tratamiento del pacto en el Parlamento se ha dado con toda celeridad en vistas a que el lunes y el martes de la semana próxima Argentina debería afrontar vencimientos con el FMI por unos 2.800 millones de dólares y está en una delicada situación financiera para poder saldarlos.
OFICIALISMO DIVIDIDO
Con vistas a contar con un acuerdo antes de esos vencimientos, el Gobierno optó por no esperar los plazos regulares para el tratamiento de una iniciativa en el Senado y tratar que el acuerdo sea aprobado este mismo jueves en una sesión especial, que sólo se habilita con dos tercios de los 72 votos de la Cámara Alta.
Tal como ocurrió en Diputados, el proyecto es apoyado por Juntos por el Cambio, el principal frente opositor, que rechaza las medidas de ajuste incluidas en el programa pactado con el «staff» del FMI pero alega que es mejor un acuerdo a caer en «default».
En tanto, el oficialismo está dividido, ya que el sector del kirchnerismo cercano a la vicepresidenta del país y titular del Senado, Cristina Fernández, rechaza el acuerdo.
Con todo, el sector alineado con Alberto Fernández asegura contar con los votos en el Senado para convertir en ley el proyecto, mientras el presidente insiste con que no habrá ajustes: «Ajuste deberíamos haber hecho si hubiéramos caído en ‘default’, porque ahí sí no teníamos ninguna salida ni escapatoria», defendió hoy.
TENSIONES INTERNAS
El debate se desarrolla en medio de un fuerte operativo de seguridad a las afueras del Parlamento, luego de que el pasado jueves, cuando el acuerdo era debatido en Diputados, se registraran serios disturbios entre manifestantes y policías que incluyeron pedradas que ingresaron en el despacho de Cristina Fernández en el Congreso, y que ya han dejado varios detenidos.
La vicepresidenta consideró que se trató de un ataque contra ella “que alguien planificó y mandó a ejecutar”, lo que ha avivado más aún la tensión política.
«El Gobierno condenó el ataque al despacho de la vicepresidenta. Nos parece un hecho muy grave, así como todo el ataque al Congreso. Y esto no quiere decir criminalizar la protesta social de ninguna manera. Entendemos que fue una movilización multitudinaria donde fueron a expresar legítimamente sus reclamos», señaló hoy la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.
La alta funcionaria reveló que, tras los disturbios, el presidente «se comunicó sin tener respuesta» con la vicepresidenta y con su secretario privado, pero aclaró que «las relaciones siguen como siempre».
«Las relaciones personales son relaciones personales y las relaciones políticas son otra cosa, y somos una coalición de Gobierno que se mantiene unida», agregó.
NUEVO PROGRAMA
Tras negociaciones iniciadas en 2020, el pasado 3 de marzo el Gobierno argentino y el «staff» del FMI anunciaron un acuerdo para un nuevo programa de facilidades extendidas que prevé desembolsos totales por unos 45.000 millones de dólares para que Argentina pueda afrontar los pesados vencimientos con el organismo entre este año y 2024 derivados del acuerdo «stand by» de 2018.
Entre uno de sus principales objetivos, el nuevo programa busca atacar la persistente alta inflación (50,9 % en 2021) a través de una estrategia múltiple que implica una reducción de la financiación monetaria del déficit fiscal y un nuevo marco de política monetaria, con tipos de interés reales positivos para apoyar la financiación al Tesoro a través del mercado doméstico.
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Establece además una reducción gradual del déficit fiscal primario, desde el equivalente al 3 % del producto interno bruto (PIB) en 2021, al 2,5 % este año, el 1,9 % en 2023 y el 0,9 % en 2024, meta que obligará a Argentina a reducir los subsidios energéticos y aumentar la recaudación impositiva, entre otras medidas.
