Buenos Aires, 11 sep (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este viernes un decreto para reforzar la coordinación de la política exterior del Gobierno orientada al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, archipiélago del Atlántico sur bajo administración del Reino Unido.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, crea el Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito del Ministerio de Exteriores de Argentina.
De este modo, la Cancillería tendrá a su cargo la implementación de mecanismos de información, coordinación y asesoramiento respecto de actividades internacionales desarrolladas por las diversas dependencias y organismos del Estado argentino que pudieran tener alguna incidencia o relación con el reclamo de soberanía sobre las Malvinas.
«El Sistema de Articulación de la Política Exterior tendrá como finalidad asegurar la coherencia, compatibilidad y uniformidad con los lineamientos generales de la política exterior de toda actividad que verse sobre relaciones exteriores de la República Argentina», indica el decreto.
Cuando la Cancillería argentina advierta que una actividad puede afectar los objetivos o intereses de la política exterior de Argentina, «podrá formular advertencias al respecto y efectuar recomendaciones u orientaciones debidamente fundadas», indica la resolución.
El decreto alega que «la defensa de los derechos de soberanía» de Argentina sobre las Malvinas «exige una acción estatal coordinada y coherente en todos los ámbitos de relaciones internacionales, con el fin de evitar gestiones, manifestaciones o posiciones que pudieran afectar la posición nacional en la materia».
Sanciones y denuncia penal
El pasado 3 de septiembre, Milei anunció la aceleración en la aplicación de sanciones a empresas petroleras, sus accionistas y proveedores que operen en Malvinas sin autorización de Argentina.
Esta semana, Argentina presentó una denuncia penal contra diez petroleras de Israel, el Reino Unido y Canadá que tienen licencias para desarrollar actividades en Malvinas otorgadas por el gobierno local isleño, unos permisos que Argentina considera «ilegales».
Además, el Gobierno ha abierto medio centenar de procedimientos administrativos contra estas empresas y sus accionistas con vistas a sancionarles.
Entre los denunciados está la petrolera israelí Navitas, que lidera el proyecto Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas, en aguas bajo disputa de soberanía.
La iniciativa prevé iniciar la extracción de crudo de 2028, lo que marcaría el inicio de la explotación petrolera en las islas, algo que Argentina busca evitar mediante sanciones y advertencias a las empresas, sus proveedores e inversores.
El Gobierno de Milei ha anunciado, además, que instalará una base naval en el extremo sur del país, a unos 700 kilómetros de Malvinas, y que enviará al Parlamento un proyecto de ley para endurecer las sanciones a las petroleras que operen en las islas sin autorización de Argentina y extenderlas a otras actividades económicas en el archipiélago.
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