Buenos Aires, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Argentina volvió a criticar este miércoles la medida tomada por el Ejecutivo de Venezuela de prohibir a las aerolíneas de ese país sobrevolar su espacio aéreo, debido al «muy elevado» costo económico que tendrá para las aerolíneas.
«Tiene un costo económico muy elevado para cada uno de los vuelos» que atraviesan el espacio aéreo de Venezuela por ser más eficiente, indicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada (sede del Gobierno argentino).
Esta medida, comentó el vocero, supone «miles de dólares por vuelo», lo que, en un futuro inmediato, perjudicará «a un montón de pasajeros».
Aunque fue consultado por ello, Adorni no amplió detalles sobre las acciones diplomáticas que, en la víspera, anunció contra Venezuela en respuesta a esta prohibición, ratificada este martes por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, de mayoría oficialista.
El portavoz también fue interrogado por un mensaje publicado en su cuenta de la red social X por el canciller de Venezuela, Yván Gil, quien se refirió a él como «cara de tabla» y dijo del Gobierno del libertario Javier Milei que era «neonazi», además de «sumiso y obediente con su amo imperial».
«¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? De un Gobierno de dictadores lo único que se puede esperar son cuestiones que no merecen ni respuesta. Nos entristece por el pueblo venezolano que estén atravesando hace mucho tiempo que estos energúmenos los gobiernen», indicó Adorni.
El Ejecutivo venezolano aseguró este martes que «ninguna aeronave que provenga o se dirija a Argentina podrá sobrevolar» el territorio venezolano, hasta que la aerolínea estatal «sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte».
Buenos Aires había informado previamente del inicio de «acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, entre las que analizaba la posibilidad de una denuncia ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
En la madrugada del 12 de febrero, el Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa – empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos-, y que había sido retenido en suelo argentino desde junio de 2022, partió rumbo a Estados Unidos, en respuesta a una petición de decomiso.
La tripulación que había llegado a Argentina, integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue retenida inicialmente por la Justicia y puesta en libertad después por falta de evidencia por el delito de financiación de actividades terroristas.
La justificación de la reclamación por parte de Estados Unidos es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión -de fabricación estadounidense- a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
El pasado 29 de febrero, Maduro denunció a Estados Unidos por el «acto vil, criminal, indignante» de «descuartizar» la aeronave en Miami (Florida).
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