Luego de 21 días de ejecución de las jornadas de fiscalización, el Mercado Municipal de Valera fue escenario de una reunión, donde los comerciantes expusieron sus quejas y denuncias en un principio ante el diputado de oposición Joaquín Aguilar, y posteriormente, frente a una comitiva de autoridades regionales y municipales, entre las que destacaba la Alcaldesa de Valera
Yoerli Viloria
@yoerli2017
Tras la aplicación de las jornadas de fiscalización derivadas del Decreto 2503, el pasado lunes 18 de junio los comerciantes del Mercado Municipal de Valera hicieron sentir su voz, con la que elevaron varias denuncias de atropello de las autoridades, en una asamblea que tuvo lugar en el patio central del recinto popular, luego de que sumaran 21 días sin abrir sus negocios.
La actividad inició con un llamado de auxilio que le hicieron al diputado de la Asamblea Nacional Joaquín Aguilar, quien se presentó en el sitio, donde los locatarios entre otras expresiones, argumentaron su derecho a ser tratados con respeto por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, la posibilidad de laborar con puntos de venta prestados o alquilados y realizar transacciones comerciales con dinero en efectivo, aún cuando se comprometieron a eliminar la dualidad de precios.
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“Ellos no nos dejan trabajar con puntos de venta prestados y yo no tengo cómo comprar una computadora para que la gente me haga transferencias, nos acusan de revender el efectivo pero eso no es verdad, no todos somos así. Medio mercado está cerrado y nos amenazan con quitarnos los puestos, ¿Quién va a trabajar así?”, manifestó Ana Albarrán.
“Nosotros no vinimos a buscar pleitos ni a juzgar a chavistas ni adecos, lo que queremos es llegar a un acuerdo para que nos dejen trabajar, yo tengo 40 años en el mercado, que nos dejen trabajar con un punto alquilado, no me voy a ganar el 30%, quizás el 24% o menos, pero es mejor 24% que nada”, argumentó Ernesto Andrade.
En el lugar no tardaron en apersonarse el general Francisco Briceño, jefe de la comisión de fiscalización del Mercado Municipal, junto a Iroschima Vásquez, alcaldesa de Valera; Jesús Azuaje, defensor del Pueblo; José Araujo, regidor del mercado y Wilfredo Arrieta en representación del Seniat, quienes –según previo encuentro acordado- desde lo alto de la parte trasera de un camión escucharon las demandas de los comerciantes.
Los locatarios, visiblemente indignados, insistieron en que cese el atropello y amenazas por parte de los cuerpos de seguridad, se controle los precios de los productos con la colocación de “habladores” en cada uno de los negocios, se permita el uso de puntos de venta alquilados o prestados, ya que algunas entidades bancarias exigen entre 300 y 800 dólares por nuevos usuarios, además de la posibilidad de comercializar con dinero en efectivo.
Briceño indicó que el domingo antes de la primera fiscalización había suficientes puntos de venta y efectivo que los locatarios escondieron y desaparecieron al día siguiente, “mucha gente dejó los negocios cerrados. Desde que llegamos hemos explicado cómo iba a ser aplicado el Decreto, hemos conversado con los locatarios”.
El militar indicó que la comisión no se conformó para atropellar, “voy a hablar con los funcionarios para que continuemos con el diálogo”. Indicó que tratan de trabajar con visión humanista a fin de que se beneficien los que compran los productos, sin afectar a los comerciantes. Aunque en medio de la conversación había permitido la dualidad de precios sin exagerar la diferencia, la iniciativa fue desestimada por el resto de las autoridades.
Por su parte, la Alcaldesa expresó: “todos somos pueblo, todos somos venezolanos, no nos queremos ir, aquí están nuestros muertos, porque en Venezuela no se vive como en otra parte, aquí somos parranderos y a pesar de las dificultades que tenemos somos bendecidos. Solo el pueblo salva al pueblo, si nos destruimos nosotros mismos no va a quedar nada y no va a ser culpa de la derecha ni de la izquierda, sino de nosotros mismos por no tener conciencia”.
¿Violar las leyes?
“Hay condiciones que son indebidas y no deben hacerse. Pues estamos en guerra y hay que hacerse, vamos a ver qué podemos hacer, hay que resolver. Si por poner un ejemplo hay 20 puntos en el mercado y 200 locatarios, vamos a dividir esos puntos entre los locatarios”, sugirió la regente. “No va a dar abasto”, fue la réplica de los afectados.
Acuerdos
Entre los acuerdos previos el día de la reunión resultó: no van sancionar a quienes quiten prestado o alquilen puntos de venta, creación de un punto de control con representantes de distintos organismos del Estado para que consumidores y comerciantes puedan exponer sus denuncias, sancionar a los distribuidores que le condicionen la venta a los comerciantes y facilitar desde el ayuntamiento, la habilitación de algunos ordenadores para que los compradores puedan realizar transferencias bancarias.
Aumento indirecto
El parlamentario concluyó que obligar a los comerciantes a que ofrezcan el producto con un solo precio va a significar un aumento indirecto de todos los productos, “además la Alcaldesa dijo que no importaba romper con la ley porque estaban en guerra, un rompimiento de la Ley de Bancos más no de la Ley de Precios Justos, es contradictorio”. Añadió además que le parece una incongruencia que el Defensor del Pueblo haya mencionado que no importa que aumenten los precios de los productos siempre y cuando tengan un solo precio.
Prohibitiva a los funcionarios
Briceño resaltó que los funcionarios civiles y militares que integran la comisión de fiscalización tienen prohibido comprar productos que sean de venta fiscalizada, decomiso en horas nocturnas o de madrugada, “es una de las principales características que debe tener la comisión, ante todo la moral y responsabilidad con los ciudadanos”.
