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“No descartamos que como este 8 de febrero se cumple dos años del inicio del examen preliminar y la fiscal de la Corte Penal Internacional tiene que decidir, y que redactamos junto con Berro un comunicado que será publicado en los próximos días, más cuando esta semana llega la CIDH a la frontera, que la detención del abogado Jesús Berro esté vinculada con tales acciones”.
Explicó que al abogado, ex director de la Policía del Táchira y docente universitario se le detiene por un supuesto hecho punible por una persona interesada, “situación de la que Jesús Alberto Berro, es inocente porque actuaba en su ejercicio profesional como apoderado de una de las víctimas y el victimario se presentó para un acuerdo reparatorio, que es un figura con la que se repara un daño causado a un víctima, pero el grupo FAES está alegando que hubo una entrega controlada de dinero”.
Relata que la entrega del acuerdo, que requiere se autorice a un fiscal del Ministerio Público para que se pueda desarrollar esa acción procesal, “se simuló el hecho punible y en ese momento irrumpió el grupo FAES a mandó del comisionado Franklyn Espinoza, quien violando el debido proceso sin ninguna orden de allanamiento participó en un procedimiento arbitrario donde detienen también a los dos hijos Berro y a su nuera, quienes estaban en el bufete”.
La detención de Berro compromete los derechos humanos y las garantías constitucionales porque se realiza un trato degradante e inhumano, afirmó Walter Márquez, y basados en tales argumento formalizarán la denuncia ante la oficina de Naciones Unidas y ante el relator de la OEA, al igual que se presentará denuncias en instancias nacionales, pero con énfasis a nivel internacional.
“No descartemos que estemos ante un proceso de intimidación para que no continuemos con nuevas denuncias contra Nicolás Maduro y su régimen, debido a Jesús Berro es miembro de la Fundación El Amparo y es uno de los abogados que nos ha asistido en las denuncias contra Maduro, por el crimen de deportaciones forzosas (agosto de 2015) en la frontera y también por el delito de exterminio por la privación de alimentos y medicinas consignado en marzo del 2018. También es abogado en la denuncia contra Fatuo Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional -CPI-, por los delitos de encubrimiento y especialmente negligencia grave”, sostuvo Márquez.
Junto a Walter Márquez, presentaron el caso los abogados Ana Hernández de Fundación El Amparo y los abogados de la ONG Fundaredes Oswaldo Cáceres y Clara Ramírez.
