Caracas, 16 may (EFE).- La activista venezolana Andreína Baduel aseguró este viernes que desconoce si su hermano, Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020-, «sigue con vida», tras una semana de «rumores» sobre su «posible muerte», y denunció que, en ese período, no ha recibido una respuesta a su solicitud de una prueba de vida.
La integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) dijo a EFE que hay un «absoluto silencio y opacidad» al respecto, debido a que -sostuvo- no ha tenido «ningún tipo de respuestas» sobre su petición.
En la red social X, Baduel indicó que han pasado 110 días «desde que el régimen le suspendió arbitrariamente las visitas familiares» a su hermano, quien, denunció, «está en aislamiento prolongado, lo que constituye una forma de tortura psicológica tanto para él» como para sus parientes.
«Vivimos con angustia, sin saber si sigue con vida, si su salud ha empeorado, si las secuelas de las torturas han sido atendidas o ignoradas. Esta incertidumbre no es casual, es parte de un sistema represivo que castiga y revictimiza», expresó.
Asimismo, reiteró su solicitud de una «fe de vida inmediata» y responsabilizó al Estado «de lo que ocurra con Josnars».
El lunes, la activista señaló que fue a través de redes sociales y «no por el Estado» que, en 2021, se enteró de la muerte en prisión de su padre, el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, tras 12 años detenido.
El pasado sábado, la joven dijo que fue al centro penitenciario El Rodeo I en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), donde se encuentra su hermano, con «la esperanza de tener noticias, pero los funcionarios se negaron» a dar «detalles y no» le «permitieron verlo».
Baduel fue una de las activistas que llevaron a cabo recientemente la llamada ‘Ruta Global por la Justicia y la Libertad’, durante la que visitaron las embajadas de Colombia, México, Brasil y Japón en Caracas, así como la Delegación de la Unión Europea (UE), con el fin de «denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y solicitar solidaridad internacional y apoyo diplomático».
El Gobierno de Nicolás Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles», lo que rechazan activistas, ONG y partidos y políticos de oposición.
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