Víctor Álvarez R. / @victoralvarezr
El fiscal de la Corte penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de captura contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant; así como de Yahya Sinwar, líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, comandante en jefe del ala militar, y de Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás, acusados todos de crímenes lesa humanidad. Recordemos que en marzo de 2023, la CPI también emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y contra varios comandantes militares rusos acusados de crímenes de guerra.
La responsabilidad internacional del Estado se compromete a través de la actuación individual de los funcionarios y agentes que actúan en su representación, y también por la omisión e incumplimiento de su deber de investigar y sancionar abusos cometidos en su jurisdicción. Una vez que se han agotado los recursos internos o que no ha sido posible agotar los mismos, los mecanismos internacionales de justicia y de derechos humanos tienen la facultad de determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los tratados de derechos humanos que les competen. La CPI es la que determina la responsabilidad penal individual (no del Estado) y actúa como órgano internacional independiente bajo el principio de complementariedad. Su jurisdicción es complementaria y no sustituye a los Estados ni suple su deber de investigar, sancionar y reparar. En el caso de Venezuela, las investigaciones y dictámenes contra el Estado se deben a que las víctimas no han podido agotar los recursos internos para lograr que se haga justicia.
En este contexto, las órdenes de captura contra los mandatarios de Rusia e Israel demuestran que la CPI no es un tigre de papel, que puede actuar con firmeza y rapidez y todo esto remueve y exacerba los temores de los gobernantes y funcionarios que son investigados por la CPI.
La reinstitucionalización del Poder Judicial
Atendiendo al principio de complementariedad, para que la CPI y otras instituciones internacionales encuentren razones para considerar innecesaria su actuación en Venezuela, hay que lograr el fortalecimiento y eficacia del Poder Judicial para que pueda investigar con independencia y autonomía las responsabilidades individuales por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Con este fin, hay que acordar la reinstitucionalización del Poder Judicial a través de los concursos de credenciales para excluir de la postulación a candidatos a jueces y magistrados que hayan tenido militancia política partidista en los últimos diez años, o cargos en el Poder Ejecutivo durante el período constitucional en curso. Estos avances indicarían a la CPI y otros organismos internacionales que los tribunales nacionales ya están en capacidad de desarrollar adecuadamente las investigaciones para que se sepa la verdad, haga justicia, reparen los daños, no se reedite la tragedia y se salve la memoria.
¿Qué desean quienes han estado durante 25 años en la oposición?
Desean lograr la alternabilidad en el poder y presionarán para que la toma de posesión no tenga que esperar del 29-J hasta el 10-E. Pero sin garantías de no persecución esto no será posible y la alternabilidad en el poder tampoco puede ser a cualquier precio. Para no caer en la impunidad mientras se fortalece el Poder Judicial habrá que acordar mecanismos de Justicia Transicional con apoyo internacional. En estas instancias se puede determinar qué hechos, en qué casos y quiénes pueden ser susceptibles de medidas especiales de sobreseimiento, indulto, reducción de la condena o fin de la acción penal. En este proceso deben quedar excluidas las violaciones a DDHH que comprometen la responsabilidad internacional del Estado y la responsabilidad penal internacional individual por delitos contemplados en el Estatuto de Roma. En cualquier caso, el beneficio de las medidas excepcionales estará condicionado al esclarecimiento de la verdad, justicia, reparación de daños, la no repetición de la tragedia, y la memoria histórica.
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