El arribo constante de venezolanos a Cúcuta, en Colombia, no solo ha causado un crecimiento poblacional en zonas fronterizas con Venezuela, sino que también ha conllevado a un aumento de delitos a mano de los ciudadanos extranjeros, según organizaciones privadas.
Los venezolanos representan 10% de las 3.500 aprehensiones realizadas en lo que va de 2017. Con una crisis fronteriza sin resolver y un flujo diario de 35.000 personas por los tres pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela ubicados en esta región del país, como constantes, el grosor de esta alarmante cifra se puede dimensionar si se compara con los reportes de los años anteriores.
En 2015, cuando se inició este quiebre en la estabilidad de la línea divisoria, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) realizó apenas 57 capturas de ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos. Un año después, esta cifra sufrió una importante variación al aumentar a 235 detenidos, casi 178 personas más que el periodo anterior.
Pero, al cierre de 2017, este indicador romperá niveles históricos porque aumentará en más de un 100 por ciento, dadas las 425 capturas de extranjeros que se han reportado hasta el mes de octubre. La cifra no para de crecer en una escandalosa proporcionalidad que tiene desbordada la capacidad institucional de la Fuerza Pública.
Según la Mecuc, los delitos que encabezan este prontuario criminal de la población migrante son el hurto a persona y el porte ilegal de armas. Estos delincuentes estarían operando principalmente en el sector de La Parada, municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), que colinda con la población venezolana de San Antonio.
“Este aumento corresponde a la situación que actualmente vive el hermano país de Venezuela”, explicó el coronel Javier Barrera, comandante de la Mecuc.
Para algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, como la Fundación Progresar, la explicación esgrimida por la Policía para entender este panorama delictivo no corresponde a la realidad, pues se cree que el crimen mutó en este territorio binacional, donde grandes poderes mafiosos han aprovechado los vacíos institucionales para instaurar un orden a punta de sangre y fuego, que blinde el ‘engorde’ de sus oscuras rentas.
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Aunque no se ha podido establecer un nexo de causalidad entre el aumento del crimen a manos de venezolanos y la operación de estos grupos armados, las organizaciones sociales sí han documentado participación de población migrante en las actividades delictivas de estas poderosas estructuras, que se disputan los 143 kilómetros de rutas ilegales por donde circulan el narcotráfico y el contrabando.
“Como nuestra economía es desafortunadamente parasitaria, depende de lo que ocurra en Venezuela, y esto puede incidir en el aumento de los niveles de inseguridad; sin embargo, el crimen que opera en zona de frontera es trasnacional, lo cual significa que el delincuente llega donde hay condición. Cúcuta es una ciudad que brinda las condiciones para que estos criminales operen sin consecuencia alguna”, explicó Wilfredo Cañizares, de Progresar.
La otra preocupación de las autoridades, derivada del alarmante reporte de detenidos, radica en la reaparición de algunas conductas criminales que reviven la época de la violencia paramilitar en Cúcuta.
Un ejemplo es la práctica del secuestro y la desaparición. En 2015 y 2016, la cifra de capturados por plagios se encontraba en ceros. Pero, durante este año, han sido cuatro los detenidos por privar de la libertad a colombianos, con fines extorsivos.
Los procedimientos fueron realizados en Villa del Rosario, sector La Playita, donde uniformados de la Policía allanaron una residencia. Allí, dos venezolanos tenían secuestrado a un connacional, por quien pedían dinero para su liberación.
