Eduardo Viloria / DLA.- El exconcejal Héctor Díaz dijo en la mañana de este lunes que el Alcalde del Municipio Sucre, Keiver Peña pretender hoy por hoy gobernar el municipio con los bolsillos de los comerciantes, no considerando que estos mismos comerciantes, según tengo entendido, lo ayudaron económicamente, lo cual ahora no toma en cuenta, sino que con la reforma de ordenanzas impositivas, de una manera compulsiva, las aplica, sin previamente haber hecho las consultas establecidas en la propia Ley Orgánica del Poder Publico Municipal.
Se añade a estos impuestos, las pretensiones de los administradores del gobierno municipal de Sucre, de querer aplicar a los impuestos a cancelar, una retroactividad en los pagos a realizar con una alícuota actual, lo que constituye un desconocimiento total de las normativas y leyes locales, de alguien, que llegó al cargo sin ninguna capacidad política administrativa, lo cual se puede observar y hasta calificar, como la aplicación de una presunta política de rapacidad.
Los normas a aplicar
Llega a tanto la rapacidad que se le pretende cobrar a los comerciantes, deudas que tienen una data de más de 12 años, cuando no es culpa de los comerciantes, la ineficiencia que hemos tenidos en estos últimos años, con la oficina de impuestos municipales.
En este sentido, Héctor Díaz recuerda que al comienzo de la pandemia hubo un decreto presidencial, que suspendió el cobro de impuestos en todo el país, no siendo el municipio Sucre la excepción.
Desde hace doce años, añadió Héctor Díaz, en los diversos gobiernos que ha tenido el Municipio, incluyendo los 100 días de Keiver Peña, las arcas municipales, entiéndase recaudación, nunca le habían aplicado la actualización y la modernización tecnológica a esa infraestructura, recordando el declarante, que en el anterior periodo, los concejales realizaron una modificación a la ordenanza respectiva, motivado al desfasamiento de la unidad tributaria, por las continuas devaluaciones y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, sin embargo no lo hicimos de improviso y en secreto, convocamos a los comerciantes a esa consulta, donde inclusive asistió el economista Elí Blanco, que observó las reformas e intercambio experiencias de la Municipalidad de Valera con Acoinva, lo cual arrojó excelentes resultados para la reforma abordada.
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Lamentablemente, precisó el declarante, para la actual reforma, la Cámara Municipal no consultó con nadie, además añadió, siendo esta una Ley local las reuniones de reforma, tengo entendido, fueron a puertas cerradas, con criterios de recaudación totalmente divorciados a la realidad del Municipio.
No dejo de mencionar el declarante, que el gobierno nacional, por la vía del Consejo Bolivariano de Alcaldes, Comisión de Economía Productiva y Tributos, giró instrucciones a todas las cámaras municipales del país, a través de un instructivo para el acuerdo nacional de armonización tributaria, que permitía ajustar a las ordenanzas de cada municipio, para lo cual se contaba con un clasificador de actividades económicas, los códigos, las especificaciones para el uso de licencias económicas, las alícuotas mensuales máximas y mínimas y el techo mínimo tributario anclado al Petro.
Ahora bien, añade el exconcejal, que ocurre actualmente en Sucre, se le pretende cobrar al comerciante los impuestos desde hace doce y quince años atrás, cuando no es culpa de estos, los desastres que siempre han existido en las oficinas de recaudación local, además se ha obviado que quien demarca los reparos fiscales es la oficina del Seniat y en base a esos reparos, es que el Municipio puede actuar, para eso debe esperar que el organismo nacional fije la alícuota del reparo.
Si se pretende gobernar desde el Municipio, como lo pretende el actual Alcalde, con los bolsillos de los comerciantes, lo cual generará un freno total del desarrollo del mismo, esto por existir una ignorancia en esta materia, perdiendo el Municipio desarrollo económico, porque nadie va a venir a invertir, cuando sabe que su negocio va a ser la caja chica del gobierno local, entendiéndose que al propiciar la municipalidad estas medidas, alejará los inversionistas, lo cual al parecer no importa a las actuales autoridades municipales.
Me permito dijo el declarante al final, hacer un llamado a los comerciantes para que fijen posición sobre estos cobros compulsivos, que tal vez tienen un objetivo, cancelar la nueva nómina burocrática de activistas políticos que hay en la Alcaldía, los cuales serán mantenidos por los nuevos impuestos, que deben cancelar los comerciantes de la zona.
