Tres años después de que estallara el escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, se activó en tribunales de Caracas el que hasta ahora es el único proceso judicial de relevancia reconocido por las autoridades venezolanas en torno a este caso. Así lo informó Transparencia Venezuela.
Señaló que durante la noche del 20 de abril a varios de los detenidos, entre ellos el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa Tareck el Aissami, los trasladaron al Palacio de Justicia para presentarlos ante la jueza de control en materia de terrorismo Alejandra Romero.
Sin embargo, Transparencia Venezuela comunicó en X que no está claro si se trata de la primera comparecencia formal de los acusados ante un tribunal. Tampoco por qué el caso se encuentra en fase de control y no de juicio ni cuántas personas están efectivamente imputadas. Las cifras oscilan entre 54 y 60.
Además, no hay información oficial sobre el centro de reclusión en el que han permanecido los detenidos desde su arresto ni un balance definitivo del impacto económico de la trama.
Casi 17.000 millones de dólares
Ante el silencio de las autoridades, estimaciones independientes citadas por la organización calculan que el daño al patrimonio público supera los 16.960 millones de dólares. De ese monto, unos 3.600 millones serían potencialmente incobrables, mientras que más de 13.000 millones permanecían como cuentas por cobrar.
Tareck el Aissami renunció a su cargo el 20 de marzo de ese año bajo el argumento de que colaboraría con las investigaciones.
Durante más de un año no hubo información oficial sobre su paradero hasta que, en abril de 2024, la Fiscalía confirmó su detención junto a otros implicados, como el exministro de Economía Simón Zerpa y el empresario Samark López.
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El entonces fiscal general Tarek William Saab los acusó de participar en esquemas de asignación irregular de cargamentos de petróleo sin controles administrativos. Todo esto ocurría mientras Venezuela atravesaba una profunda crisis económica y el régimen chavista atribuía la situación a las sanciones estadounidenses.
Según las autoridades, los detenidos enfrentan cargos que incluyen traición a la patria, legitimación de capitales y malversación de fondos públicos, delitos que podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión.
Transparencia Venezuela advirtió que, a pesar de la magnitud del caso, la falta de información oficial ha limitado el seguimiento público del proceso. “¿Por qué en un tribunal de control y no de juicio? ¿Es la primera presentación de los acusados ante un juzgado? ¿El Ministerio Público de Larry Devoe sí va a impulsar las sanciones contra los responsables?”, cuestionó.
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