Caracas, 21 jun (EFE).- El hacinamiento en los centros de detención preventiva de Venezuela, con el que el presidente Nicolás Maduro prometió acabar en 60 días contando desde el 21 de junio de 2021, persiste un año después en estos recintos, cuya ocupación supera el 150 %, dicen ONG y expertos.
Hace un año, el mandatario creó una comisión para hacer una «revolución judicial» que tenía entre sus objetivos descongestionar los centros de detención preventiva en dos meses, pasando a los reos a cárceles convencionales. Sin embargo, un años después, la ONG Una Ventana a la Libertad ubica el hacinamiento en un 156,5 %.
Un seguimiento realizado por la organización en 335 recintos de los 500 que, aproximadamente, hay en el país, muestra que, al cierre de mayo, había 16.778 detenidos, cuando la capacidad es para 10.718 personas, lo que supone una sobrepoblación de 6.060 privados de libertad.
La criminóloga Magaly Huggins, coordinadora de investigación de la ONG, aseguró que el hacinamiento no se ha solucionado en todos los centros de detención, lugares que solo son adecuados para albergar a un preso durante 48 horas.
«Hay menos congestionamiento en unos lados, hay igual de congestionamiento en otros lados y hay más detenidos que en otros momentos. Este ha sido el resultado de la comisión presidencial», dijo a Efe.
Huggins calificó esta medida como «improvisada» y sostuvo que responde más a la «presión internacional» que a una «política pública planificada y organizada por conocedores del tema».
LAS FALLAS
Según la experta, una de las principales fallas de la comisión es que esté presidida por «políticos que no tienen idea de lo que es un debido proceso para estos casos».
Maduro nombró al diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, como presidente de la comisión y a la diputada Cilia Flores, esposa del jefe de Estado, como vicepresidenta.
Para Huggins, en las labores de la comisión «no dejaron participar a los abogados defensores», lo que consideró «un error inmenso porque pudieron facilitar el trabajo».
Los integrantes son diputados y funcionarios del Supremo, la Fiscalía, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y la Defensa Pública, además de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Al respecto, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) argumentó que «la presencia de diputados y miembros del cuerpo militar y policial vulnera el principio de separación de poderes y desnaturaliza la competencia exclusiva del poder judicial de administrar justicia».
MISMO HACINAMIENTO, DISTINTO LUGAR
La presidenta del OVP, Carolina Girón, considera un error que la comisión buscara pasar reclusos de los centros de detención preventiva a las cárceles, ya que se estaría «creando más hacinamiento» en las prisiones, que están «en un 154 %» de su capacidad.
Sostuvo que «no hay forma de descongestionar los calabozos policiales si no hay una actividad estructural» que empiece por solucionar el hacinamiento en las cárceles.
Para Girón, una de las causas del hacinamiento es el retardo procesal en el sistema de justicia penal, además de la detención de «presos políticos» y los casos de personas que «tienen meses» con boletas de excarcelación y no las liberan.
EL PLAN CAYAPA
La comisión judicial fue creada casi una década después de que el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez lanzara el Plan Cayapa para disminuir el retardo procesal.
Huggins afirmó que este plan, coordinado por los directores de los centros de detención preventiva, «sigue funcionando» y que, según las mediciones hechas por Una Ventana a la Libertad, hay zonas en donde «ha sacado o transferido más gente que la misma comisión presidencial».
Según la investigadora, la comisión trasladó a prisiones solo a 69 detenidos entre enero y mayo, mientras que, en ese mismo lapso, el Plan Cayapa trasladó a 766 privados de libertad.
No obstante, los expertos coinciden en que los planes creados tanto por Chávez como por su sucesor, Maduro, no han logrado acabar con el hacinamiento, que continúa agravando las condiciones de salubridad de los detenidos.
Carlos Seijas Meneses