Durante los últimos días distintos medios de comunicación y ONGs han denunciado que van al menos 4 pemones asesinados, más de 9 desaparecidos y una decena de aborígenes heridos por armas de fuego. Se ha desatado una persecución contra miembros del pueblo indígena Pemón, incluyendo al alcalde de la Gran Sabana, Emilio González, y los capitanes generales de la comunidad. Con la masacre de Santa Elena de Uairén se elevó a 254, el número de venezolanos que han perdido la vida en manifestaciones, desde que Maduro llegó al poder en 2013 según Provea. El desgobierno tiene sus manos ensangrentadas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones envió una denuncia a la alta comisionada de los Derechos Humanos, y al relator especial sobre Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, de la ONU, por el traslado de 30 presos de la cárcel de Santa Ana, estado Táchira, al puente Las Tienditas, en la zona fronteriza con Colombia, donde se registraron los sucesos violentos con motivo del ingreso de la ayuda humanitaria el pasado 23. Se usaron a los procesados, a los colectivos, paramilitares y a grupos irregulares para agredir a quienes pretendieron trasladar la ayuda humanitaria.
Por otro lado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa dijo el pasado martes que en lo que va de 2019 ha contabilizado al menos 30 detenciones de periodistas y personal de medios, tras denunciar que un reportero de Telemundo fue “incomunicado” por 8 horas por el Servicio de Inteligencia.
En el mismo orden de ideas la “Coalición por los DDHH y la Democracia” informó que en la frontera de Venezuela con Colombia hubo 349 heridos, 28 detenidos y al menos 2 fallecidos. En la frontera con Brasil contabilizaron 285 heridos, 51 detenidos y 8 fallecidos. Hubo 51 detenciones arbitrarias en la frontera con Brasil y 28 en la frontera colombiana.
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Por otra parte un documental de la BBC de Londres narró como el Helicoide se ha convertido en un centro de horribles torturas y tratos inhumanos. Todos estos acontecimientos se suman al expediente de los principales funcionarios del régimen en la Corte Penal Internacional. El Grupo de Lima está llevando al máximo tribunal las pruebas para que se dicten los autos de detención que justifican cualquier acción internacional para hacer cumplir la orden.
