Abg. María Barroeta Monsalve
Maestrante en Derecho Procesal Penal- ULA
Últimamente el sector transporte trabaja como puede y con lo que puede. Por lo que resulta acucioso mencionar que, en reuniones llevadas a cabo por funcionarios de la Alcaldía de Valera en compañía de transportistas y otros sectores de la sociedad civil, se ha destacado una serie de amedrentamientos contra éstos, con multas inaceptables y “con ser detenidos” por el aumento del pasaje; para conocimiento de la colectividad en general, en materia penal no aplica esa clase de detenciones. Algunos usuarios están de acuerdo con la tarifa establecida por los transportistas, mientras otros alegan que: está excesivamente costoso, no se le consultó a la población, es un abuso, etc. Empero, si bien es cierto la fijación y regulación de la tarifa del pasaje -según lo estipulado en los artículos 143, 144 y 145 de la Ley de Transporte Terrestre vigente- corresponde al Ministerio del Poder Popular en materia de Transporte, oída la opinión de los Consejos Comunales e interesados en la materia, no es menos cierto que al transportista no se le consulta el aumento de precios concernientes a: cambios de aceite, piñones, pastillas para frenos, alternadores, cauchos, juego de tacos…; sin tomar en cuenta que carreteras -como la del sector Caja de Agua del municipio Valera- están en paupérrimo estado; aumentando el deterioro de las unidades vehiculares (La Alcaldía está al tanto de tal situación). Entonces, si lo que afecta a ciertos usuarios es el aumento del pasaje, pregunto: ¿por qué no se quejan por el aumento diario de los alimentos en los supermercados? O, simplemente, ¿por qué no denuncian al buhonero que bachaquea los productos de primera necesidad? Es así, señores. Mientras no nos cueste, no nos duele, y al que no le cuesta, que lo haga fiesta; esto, a su vez, permite formular otro interrogante: ¿dónde está “el espíritu de solidaridad y de justicia social” que tanto pregona la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, son infinitas las quejas contra los transportistas acerca del trato hacia los usuarios así como otras falencias en la prestación del servicio; pero, si al trato vamos, en las instituciones públicas no siempre -como en el transporte- los funcionarios ejercen un trato adecuado para con los ciudadanos. ¿O me equivoco? ¿Usted qué piensa? Quizás el ente público se hace de la vista gorda para pasar por alto el fenómeno hiperinflacionario que arropa -entre otros- al sector transporte, y aunado a ello, la incomprensión de algo tan elemental como el hecho de que un pasaje se equipara al valor de un caramelo. Por otra parte, si según ciertos funcionarios pertenecientes al poder público municipal, el aumento del pasaje es un “abuso” contra la población, entonces ¿por qué estos funcionarios no habilitan otros vehículos que presten un óptimo servicio al precio de Bs. 1.600? O mejor aún: ¿por qué tales funcionarios no habilitan sus propios vehículos para proporcionar el servicio de transporte público? Permítaseme que sea sarcástica, pero es muy fácil disponer arbitrariamente de las unidades de transporte de los demás. ¿Acaso no coincidimos, estimado lector? Si las condiciones no están dadas, ¿por qué llegar al extremo de amedrentar al transportista? Lo más sensato en estos tiempos de crisis, es asumir y aceptar el trabajo que a toda costa realizan los transportistas, quienes a diario se esfuerzan por: prestar un servicio, comer, proveer a su familia, mantener activas sus unidades de transporte y, sencillamente al igual que todos, sobrevivir en esta catastrófica situación. ¡Que la vorágine no nos absorba!
@mariaebarroetam18