Nunca imaginé que el episodio más desconcertante que yo viviría durante la tragedia de Vargas en 1999 no ocurriría entre el barro ni los escombros, sino a cientos de kilómetros de allí.
No me lo contaron: lo viví en primera persona. Una amiga me llamó para decirme que en la Casa de Abrigo Madre María de San José, adscrita a Sapanna, Servicio Autónomo de Protección y Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, ubicada en el sector El Milagro, municipio Girardot de Maracay, cerca de la Clínica Lugo, estaban entregando niños que habían “quedado huérfanos” tras el deslave. Que ella había visto cuando los entregaban a quienes llegaban a buscarlos.
La frase y la historia me parecieron tan absurdas como aterradoras. ¿Cómo podía alguien “entregar” niños? La adopción tiene procedimientos, garantías y controles. No podía creer lo que estaba oyendo.
Sin embargo, había una razón por la que decidí actuar. Una compañera de estudios, ingeniera como yo, vivía desde hacía años en Estados Unidos. No había tenido hijos y soñaba con adoptar un niño venezolano. Era una mujer íntegra, responsable y yo sabía que sería una madre extraordinaria. La llamé de inmediato, pero no logré localizarla. Al día siguiente, al escuchar mis mensajes, me dijo: “Sí, búscame el bebé”.
Fui hasta el lugar que me habían indicado. Lo encontré cerrado con un enorme candado. Pregunté qué había ocurrido. La respuesta fue inmediata: “Se los llevaron otra vez para La Casona”.
Aquella escena nunca se borró de mi memoria.
Con el paso de los días comenzaron a conocerse testimonios de padres que, en medio del caos, habían confiado a sus hijos pequeños a rescatistas que les prometieron ponerlos a salvo y reencontrarlos después. Les dijeron que los niños estarían todos en La Casona. Casi todos iban identificados con sus nombres y los de sus padres. Décadas más tarde, algunas familias siguen afirmando que nunca volvieron a encontrarlos y continúan reclamando respuestas. Hay quienes no han cesado su búsqueda.
No me corresponde juzgar aquí responsabilidades ni convertir en certezas aquello que todavía forma parte de investigaciones, denuncias y heridas abiertas. Pero sí recordar una lección que Venezuela no puede permitirse olvidar: después de un desastre, los niños son tan o más vulnerables que los edificios. Y protegerlos exige protocolos rigurosos, registros transparentes y una vigilancia permanente.
Cecodap advirtió que el terremoto no solo dejó niños muertos, heridos y desaparecidos, sino que también evidenció la falta de un sistema eficaz para identificar y reunificar a los menores separados de sus familias. La organización alertó que ese vacío aumenta el riesgo de trata, adopciones irregulares y otras formas de violencia contra la infancia, y pidió que la reunificación familiar sea una prioridad absoluta, junto con la protección de la identidad y la atención psicológica de los niños afectados.
Hoy, cuando resurgen las alertas sobre el riesgo de trata y desaparición de menores, la historia de Vargas deja de ser un recuerdo para convertirse en una advertencia. Porque un país puede reconstruir carreteras, puentes y viviendas. Lo que nunca podrá reconstruir es la vida de un niño que desaparece sin dejar rastro.
Y es que en medio del caos de una tragedia la protección de los niños debe ser una prioridad absoluta. O, al menos, debería serlo…
@cjaimesb
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