La vida transcurre entre los barrotes, los sueños se esfuman y la impotencia se hace eterna. Después de 23 años de injusta prisión, la esperanza en que la justicia retome su cause parece desvanecerse. Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina ven transcurrir los días con la única alegría de recibir la visita de sus familiares, lo cual ahora es mucho más complicado por la distancia que separa los estados Miranda y La Guaira, donde viven sus familias; y Lara, donde está la cárcel de presos comunes a la que los enviaron hace poco más de cuatro años.
Es una realidad que padece Alexis Rovaín. En su casa todos extrañan a Héctor, pasar otra navidad sin el inspector jefe de la extinta Policía Metropolitana en casa es un dolor muy grande, que ya se ha hecho crónico por los años de espera.
Los hermanos fueron separados por una injusta decisión de la jueza de primera instancia Marjorie Calderón, impulsada por el magistrado Eladio Aponte Aponte. Ella fue ascendida a raíz de su inexplicable decisión y hoy es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. El se arrepintió, confesó que esa sentencia se decidió en Miraflores, y hoy se encuentra en el exilio.
En octubre de 2021 Rovaín, Bolívar y Molina fueron enviados al Centro Penitenciario Fénix, la cárcel para presos comunes ubicada en Barquisimeto, en el estado Lara. Hasta ese momento se encontraban en el Centro Nacional de Procesados Militares, (Cenapromil), conocido como Ramo Verde, en el estado Miranda.
Desde entonces, Alexis no ha podido visitar a su hermano. Sólo mujeres pueden acceder al centro de reclusión, donde Héctor ve pasar las horas con la esperanza de poder reencontrarse con sus seres queridos pronto, en casa, de donde no ha debido salir. Su fe en Cristo lo mantiene de pie.
Es lo mismo que sucede con los familiares de Luis Molina, que viven en Miranda; y los de Bolívar, que residen en La Guaira.
Estos tres funcionarios fueron condenados por Marjorie Calderón a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela, en el juicio más largo de la historia venezolana. Fue el que acumuló mayor cantidad de pruebas por parte de la defensa, todas ignoradas por la jueza cuarta de juicio.
Junto a ellos, recibieron condenas Marco Hurtado a 16 años y 8 meses de prisión; Arube Pérez a 17 años y 10 meses, ambos ya cumplieron sus condenas completas. Los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, y el sargento Julio Rodríguez, todos con penas de 30 años, hoy están fuera de la cárcel por presentar severos cuadros de salud.
Rovaín, Bolívar y Molina están en prisión desde abril de 2003, cuando voluntariamente decidieron presentarse ante la justicia, al igual que sus compañeros, conscientes de que no habían cometido delito. A la fecha, estos tres funcionarios tienen todos los beneficios procesales contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COOP) vencidos.
El destacamento de trabajo permite al recluso salir a trabajar y regresar al centro de reclusión cada noche. Puede recibir este beneficio cuando tenga la mitad de la pena cumplida.
En el régimen abierto se envía al recluso a un centro de tratamiento comunitario, donde trabaja y pernocta de lunes a jueves. Viernes, sábado y domingo duerme en su casa. Se otorga a partir de los dos tercios de la pena impuesta.
La libertad condicional establece medidas de presentación periódicas ante el tribunal y de ella se goza a partir de las tres cuartas partes de la pena. El confinamiento permite al recluso vivir a 120 kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos. En la última reforma del COPP se eliminó el confinamiento, pero los PM fueron juzgados con el código anterior, por lo tanto preservan sus derechos.
Los policías metropolitanos están amparados por la Ley de Redención Judicial de la pena, que conmuta un día en prisión por cada dos días estudiados o trabajados. El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de esta.
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Para estos funcionarios, el COOP es letra muerta. Faltando poco más de siete años para cumplir la totalidad de la condena, no ha sido posible que puedan recibir los beneficios que la ley les provee.
Pero hay una esperanza que mantienen intacta: Que la gente no los olvide. Ellos son los primeros presos políticos de este régimen, muchos inocentes han pisado las cárceles desde entonces y cada caso opaca al anterior. Mientras tanto ellos siguen presos, injustamente.
